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Posts Tagged ‘Valeriano’

Puedes confiar...El 24 de mayo de 2011 –dos días después de las últimas elecciones municipales y autonómicas-, el Consejo Consultivo de Aragón, ante una solicitud realizada por el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en la pasada legislatura, Alfredo Boné (PAR), emitió el siguiente DICTAMEN (Dictamen Nº 63/2011):

Que no procede llevar a cabo la autorización de la Modificación de trazado de las vías pecuarias “Cordel de La Carbonera” y “Cordel de La Garrucha” con motivo de la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de La Muela (Zaragoza)”, en cuanto que la misma es contraria al ordenamiento jurídico aplicable tal y como se indica en las consideraciones jurídicas tercera a octava de este Dictamen.

La materia sometida a dictamen fue la siguiente: una consulta sobre la Resolución de la Modificación de trazado de las vías pecuarias “Cordel de La Carbonera” y “Cordel de La Garrucha” con motivo de la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de La Muela (Zaragoza)”.

Y en los antecedentes del mencionado dictamen, se dice literalmente:

“Se ha recibido del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental escrito y documentación que le adjunto en relación con la tramitación administrativa del procedimiento de modificación del trazado del “Cordel de La Carbonera” por las afecciones que sobre esta vía pecuaria conlleva el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución del Plan General de Ordenación Urbana de La Muela U.E.-7 a U.E. 12, ante la necesidad de llevar a cabo la inscripción en el Registro de la Propiedad de la reparcelación de esas unidades urbanísticas”.

Paradójicamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de fecha de 8 de noviembre de 2012, se publicó el siguiente ACUERDO de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Muela –donde solamente está representado el Grupo Popular (PP)– del día 24 de septiembre de 2012:

Primero. — Desestimar las alegaciones primera y tercera, y estimar parcialmente la alegación segunda, en los términos establecidos en el informe del letrado técnico urbanista de fecha 3 de julio de 2012, en relación con el escrito de alegaciones presentado por el presidente de la Junta de Compensación de la unidad de ejecución 8 del PGOU de La Muela.

Segundo. — Estimar la alegación formulada por el secretario de la Junta de de Compensación de la UE 10 del PGOU de La Muela, de conformidad con el informe suscrito por el letrado técnico urbanista de 3 de julio de 2012.

Tercero. — Aprobar definitivamente el texto refundido del convenio para la resolución de las incidencias en las unidades de ejecución 7, 8, 9 y 11 derivadas de la existencia de la vía pecuaria “Cordel de la Carbonera”.

Cuarto. — Solicitar la declaración de urgencia al Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón, mediante acuerdo de Pleno, para la ocupación de los bienes afectados por la expropiación objeto del convenio».

La “justificación” de este acuerdo está basada, y así aparece expresamente:

Visto expediente de proyecto de convenio con las unidades de ejecución 7, 8, 9 y 10 del PGOU de La Muela, afectadas por el trazado de la vía pecuaria “La Carbonera”, sujeta a un expediente de cambio de trazado para evitar el paso por las unidades de ejecución y levantar así la imposibilidad de registrar la reparcelación“.

La misma motivación realizada desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), para cambiar el paso de ganado de la vía pecuaria “La Carbonera“, y que hace poco más de un año, el Consejo Consultivo de Aragón la consideró contraria al ordenamiento jurídico, es la misma que ha hecho el Gobierno Municipal del PP en la toma de este acuerdo, desde la Junta de Gobierno Local. Y ahora, viene la parte de…”que cada cual saque sus propias conclusiones“.

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Vía CHA en la Aljafería

Los grupos parlamentarios PSOE y PAR rechazaron el 20 de mayo de 2010 en las Cortes una iniciativa presentada por CHA para que el Gobierno de Aragón se personara en el caso La Muela, puesto que que el Ayuntamiento había cobrado subvenciones públicas para realizar proyectos que luego no se habían realizado. Concretamente, más de 430.000 euros del Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Ayer, sin embargo, el Gobierno anunció que va a personarse y comparecer en el caso. De nuevo, otra vez, el Gobierno acaba haciendo lo que CHA propone o reclama. ¡Lástima de tiempo perdido!

En El Periódico informan de que el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, departamento del que depende el IAA, ha mostrado “su alegría” por la resolución del juez que lleva el caso haya ofrecido al IAA la posibilidad de personarse en el caso y efectuar acciones legales. Lo que no ha explicado es por qué no quisieron hacerlo antes.

El Heraldo, por su parte, señalaba ayer que Boné estaba “encantado” de comparecer como testigo en el caso el próximo 11 de febrero. Pero no ha explicado por qué, año y medio después, sigue sin comparecer en las Cortes por este asunto, como CHA ha solicitado y ha recordado la presidenta, Nieves Ibeas. Ni por qué este grupo parlamentario sigue esperando los informes del INAGA relacionados con La Muela que solicitó en mayo de 2009.

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Vía Adrián Tello Gimeno

Ayer, 31 de julio de 2010, casi año y medio después que se destapara la presunta trama de corrupción del caso La Muela, más conocida como “Operación Molinos”, El Periódico de Aragón publicaba la siguiente noticia: “La DGA reclama 432.000 € por vía de apremio al Ayuntamiento de La Muela”. Dicha cantidad dinero corresponde a la famosa subvención que concedió el Instituto Aragonés del Agua, dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y que presuntamente se desviaron hacia al equipo de fútbol…

Paradojas de la vida, el pasado 20 de mayo, en el Pleno de las Cortes de Aragón, los grupos que sostienen al Gobierno, es decir, PSOE y PAR, alegando que “no existían motivos jurídicos”, rechazaron una Proposición No de Ley (PNL), presentada por Chunta Aragonesista (CHA), para que el Gobierno de Aragón se personara como acusación particular en el procedimiento penal instruido en el Juzgado de La Almunia por el caso de corrupción en La Muela, entre otras cosas porque “el Instituto Aragonés del Agua tiene incoado contra el Ayuntamiento de La Muela un procedimiento de reintegro de subvenciones por valor de 432.737,61 euros en aplicación de la normativa general reguladora de las subvenciones”.

Cada un@ que saque sus consecuencias, pero mientras el Gobierno de Aragón sigue mostrando una enorme tibieza (por decirlo suavemente) para luchar contra la corrupción en La Muela y en Aragón, en el mismo periódico aparecía también otra noticia en la que aparecían los nombres y apellidos de la persona imputada número 42. En Marbella se procesaron a 86 personas a la espera de juicio. Aquí, ya nos vamos acercando, y por cierto, ¿La Alcaldesa? Pues ejerciendo la Alcaldía…

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

El Instituto Aragonés del Agua, entidad que ejerce las competencias de Aragón en temas hidráulicos, tiene incoado contra el Ayuntamiento de La Muela un procedimiento de reintegro de subvenciones por valor de 432.737,61 euros, que no han sido empleadas para el fin acordado, y entiendo que sólo esta razón ya sería suficiente para que el Gobierno de Aragón se sintiera perjudicado (para algo son dineros de todos los aragoneses)… Pues no.

Estamos hablando del mayor caso de corrupción en Aragón en muchos años, y cuando CHA propone en la Cortes cualquier acuerdo para que el Gobierno lidere una batalla contundente contra la corrupción, el PSOE y el PAR siempre encuentran una excusa para no hacerlo. Proponemos un rechazo radical contra la corrupción, como sucedió en septiembre pasado… y votan en contra. Proponemos que el Gobierno inicie gestiones para la disolución del Ayuntamiento de La Muela que sigue siendo responsabilidad de Mª Victoria Pinilla… y votan en contra. Proponemos el pasado jueves 20 de mayo que el Gobierno se persone en la causa… y también votan en contra. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta, a Iglesias o a Biel?

El artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, como sucede en este caso, y así ejercitar las acciones civiles y penales que procedan.

La personación del perjudicado en la causa le da derecho, entre otras cuestiones, a tomar conocimiento de lo actuado, instar la práctica de diligencias de prueba e intervenir en las mismas, formular recursos o ejercitar las acciones civiles y penales que legalmente procedan.

El consejero de Presidencia, Javier Velasco, reconoció hace unas semanas en las Cortes que su Gobierno sólo conocía del caso lo que leía en los medios de comunicación, y esto es algo que nos parece irresponsable y absurdo. El Estado sí está personado por posibles delitos de fraude fiscal investigados en las diligencias previas, pero el Gobierno de Aragón no considera oportuno utilizar esta vía… ni siquiera para estar al tanto de lo que sucede. Ni ver, ni oír, ni hablarYa escampará, pensarán algunos.

En CHA creemos que esta actitud es confusa, inoportuna y cobarde donde las haya, y en la calle no la entiende nadie. Y mucho menos la entiende la gente de La Muela que no espera precisamente chanchulleos, sino una auténtica regeneración política que saben que beneficiará a la localidad y nos beneficiará a toda la sociedad aragonesa. Que se lo pregunten a Adrián Tello o Pedro Bartolomé

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Tras 14 meses de espera, por fin el PSOE y el PAR accedieron a incluir en el orden del día de un pleno la solicitud de CHA para que compareciera Marcelino Iglesias e informara sobre las responsabilidades de su Gobierno y de la Administración autonómica en el caso de La Muela, así como sobre los mecanismos de control de la corrupción.

¿Por qué el jueves 6 de mayo y no hace 14 meses? Quién sabe… No pudo responder a nuestra pregunta el presidente Iglesias porque tomó la decisión de pasarle el muerto al consejero de Presidencia, Javier Velasco, para que afrontara el debate. 14 meses depués, Iglesias volvió a despreciar a la oposición y no se personó en el hemiciclo hasta que no concluyó nuestra intervención. Sobran los comentarios y nuestro compañero Adrián Tello fue testigo mudo de lo sucedido en el Pleno desde el público.

Partimos de la idea de que la mayoría de los cargos públicos son gente honrada, de que la actividad política debe basarse en el principio del servicio a la sociedad, y de que la democracia se fundamenta en la división de poderes. Estamos absolutamente de acuerdo con todo ello. Así que, ¿por qué se siente el Gobierno tan incómodo ante las preguntas que se le formulan?

Su discurso está siendo sumamente contradictorio. Se empeñan otra y otra vez en afirmar que no corresponde hablar de delitos urbanísticos sino de delitos económicos. Pero, ¿acaso los delitos imputados en el caso La Muela no tienen que ver con la actividad urbanística? Claro que sí.

Cuando le pregunté al presidente Iglesias el 22 de abril qué había hecho él y su Gobierno para luchar contra la corrupción, un año después de que se desvelara la trama del caso La Muela, me respondió lo siguiente: “Hemos cambiado toda la legislación que hace referencia al suelo, al urbanismo y a la ordenación del territorio”. ¿En qué quedamos? ¿Son cuestiones urbanísticas o no?

En realidad, el problema no son las leyes, sino las personas, la falta de ética y de honestidad. La misma ley sirve para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo justifica el Gobierno los cambios de criterio y la arbitrariedad en el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte ante proyectos desarrollados en La Muela? La Comisión Provincial de Ordenación Territorial dio el visto bueno a la 6ª fase de Centrovía… aunque seis meses antes la había rechazado. Ha cambiado su posición ante desarrollos residenciales desorbitados, pasando de una opinión negatica a una permisiva, sin que haya existido un cambio sustancial en las circunstancias, algo sobre lo que se han hecho eco los medios de comunicación.

¿Y cómo justifica el Gobierno los cambios de criterio en el Departamento de Medio Ambiente ante determinados proyectos desarrollados en La Muela? ¿No resolvió el INAGA que se sometieran a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Planes Parciales proyectos de urbanización del Plan General de Ordenación Urbana de La Muela, retractándose varios meses después?

En el año 2006, el Grupo Parlamentario CHA preguntó en unas cuantas ocasiones al consejero Alfredo Boné sobre depuración de aguas residuales, sobre el polígono industrial Centrovía y sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental, pero las respuestas fueron poco satisfactorias. Hubo hasta denuncias por ciertas actuaciones (o, mejor dicho, falta de actuaciones) de Medio Ambiente en La Muela… Y no pasó nada.

¿Es cierto que se han aprobado Planes parciales en La Muela como consecuencia de supuestas presiones políticas? Si es así, ¿no tienen nada que ver en todo ello el Gobierno de Aragón ni la Administración autonómica? Lo cierto es que desde que Mª Victoria Pinilla llegara a la alcaldía de La Muela en 1987, el Gobierno de Aragón ha autorizado la venta de gran parte del patrimonio del suelo municipal por valor de casi 38 millones de euros (6.300 Mll ptas). En total, 8 autorización del Gobierno de Aragón, 7 de las cuales se han producido con la coalición PSOE-PAR (con firma de Biel o con firma de Rogelio Silva).

Ha habido enajenaciones mediante permuta y parcelas que se han permutado dos veces, con valores muy diferentes en apenas un año de diferencia (unos 1.400 millones de pesetas más, en varios casos). ¿Tampoco tiene que ver nada el Gobierno con la autorización de ventas y permutas?

El Gobierno se escuda en que ha modificado la Ley urbanística, como si la ley anterior permitera el cohecho, el fraude contra la hacienda pública o el tráfico influencias, y no es así.

¿Podían haber hecho algo? Sí, rotundamente. Para empezar, podían y debían haber considerado la gravedad del caso desde el principio.

El Gobierno podía haber suspendido el Plan General de La Muela, como pretendía Javier Velasco cuando era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, por entender que se estaba impulsando desarrollos urbanísticos exagerados. Pero Biel no estaba de acuerdo, y se impuso su criterio, con la excusa de que no concurrían supuestos legales suficientes ni lo aconsejaban los servicios técnicos. ¿Podían o no? CHA cree que sí.

El Gobierno podía haber intentado disolver el Ayuntamiento de La Muela, como propusimos desde CHA, pero ni lo intentaron.

El Gobierno podía haberse personado en la causa, como hizo la Administración del Estado desde que tuvo conocimiento de que había personas imputadas por un posible delito de fraude fiscal. Y no lo ha hecho.

Han estado jugando al despiste, sin aclarar cuestiones, ocultando datos y eludiendo responsabilidades.

Por poner un ejemplo, el mismo día que El Periódico de Aragón recogía las declaraciones, el 24 de marzo de 2009 , de Iglesias y Alfonso Vicente (actual consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte) , afirmando que no pensaban tomar medidas inmediatas, el Subdirector Provincial de Urbanismo, Carlos Martín Rafecas, dejba de ser Director de la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial, clave fundamental en todo este asunto.

La supuesta “normalidad” a la que alude el Gobierno no es tal. Pinilla era miembro de esa Comisión, como alcaldesa del PAR. El Vicepresidente Biel va señalando por ahí que el PAR no tiene nada que ver con La Muela, pero Pinilla ha sido consejera comarcal por el PAR, nº 1 en las listas del PAR en La Muela, y ha formado parte de las listas autonómicas del PAR. El presidente de la Comisión Provincial es del PSOE, pero el consejero de Medio Ambiente es del PAR, el de Política Territorial, Justicia e Interior también, el Vicepresidente preside el PAR, hay imputados escoltas de consejeros del PAR

Está claro que el problema no es la ley, sino la forma de gestionar un ayuntamiento que el propio Gobierno PSOE-PAR ha estado ensalzando durante años. Eso, y las actuaciones realizadas desde la Administración.

En resumen, el Gobierno PSOE-PAR no ha utilizado todos los instrumentos a su alcance para impedir y combatir la corrupción ni ha hecho cumplir la normativa vigente con rigor. ¿Por qué? Nos da la impresión de que el coladero pueden tenerlo en el propio Gobierno. Había mucho por responder el pasado 6 de mayo, pero casi todas las preguntas se quedaron pendientes, una vez más.

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