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Vía CHA en la Aljafería

Trece meses y 6 días hemos esperado a que PSOE y PAR permitieran que se incluyera en el orden del día del pleno la comparecencia solicitada por CHA para que el presidente Marcelino Iglesias diera explicaciones por el caso La Muela. Hoy ha llegado el día. Pero…

El presidente Iglesias no sólo no ha comparecido sino que no ha querido ni escuchar lo que la oposición tenía que decir, porque ha entrado al hemiciclo justo cuando han acabado las intervenciones de la presidenta de CHA, Nieves Ibeas y del portavoz del PP. El que ha aguantado el chaparrón como ha podido en su lugar ha sido el consejero Javier Velasco, quien, visiblemente incómodo, no ha contestado a ninguna de las cuestiones y preguntas concretas que le ha hecho la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, limitándose a decir que el Gobierno “no tiene ninguna responsabilidad” y que todo lo que ha pasado en La Muela ha sido por culpa de la ley del suelo que aprobó en su día el PP. También ha insistido en que no eran delitos urbanísticos, aunque después ha dicho, contradictoriamente, que el juzgado de La Almunia que instruye el caso ha solicitado al departamento de Urbanismo del Gobierno numerosa documentación.

Velasco no ha explicado por qué se produjeron cambios de criterio en la Comisión Provincial de Ordenación Territorial, primero descartando y luego aprobando proyectos urbanísticos de La Muela (una de sus componentes era precisamente la alcaldesa Pinilla y el director de su ponencia técnica, a su vez subdirector provincial de Urbanismo, está imputado). Tampoco ha explicado por qué el mismo, cuando era responsable de Urbanismo quiso paralizar el Plan General de La Muela por su desorbitado crecimiento pero el vicepresidente Biel, responsable entonces de Ordenación Territorial, impidió esa paralización.

Por supuesto no ha respondido a la pregunta de por qué el Gobierno de Aragón, que ahora reclama la devolución de una subvención de 435.000 euros otorgada por el INAGA al Ayuntamiento de La Muela y que no se utilizó para el fin comprometido, no se ha personado como parte en el caso como perjudicado (el Estado sí que está personado, por el contrario, porque hay delitos de fraude fiscal contra la hacienda pública). Velasco ha señalado que no conocen el sumario y que se enteran de todo lo del caso La Muela por los medios de comunicación: si estuvieran personados podrían conocer directamente el sumario, ¿por qué entonces no lo hacen?

CHA propondrá a través de una iniciativa parlamentaria que el Gobierno de Aragón se persone en la causa y también está pendiente la iniciativa para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que así los jueces puedan apartar de sus cargos públicos a quienes estén imputados por delitos de corrupción.

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Porque el Gobierno de Aragón no hace nada para acabar con la corrupción. No inicia los trámites para disolver el Ayuntamiento de La Muela y no depura responsabilidades políticas. Desde CHA hemos propuesto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las personas imputadas por presuntos delitos de corrupción no sigan ocupando sus cargos. ¿Apoyarán esta propuesta el resto de partidos?

Porque en plena crisis económica, el Gobierno de Aragón perdona al Estado más de la mitad del dinero que adeuda a todos los aragoneses y aragonesas por la deuda tributaria y acepta cobrar esa deuda en especie y no en dinero, aceptando recibir edificios de dudosa titularidad estatal.

Porque resulta indignante que Aragón tenga una tasa de desempleo juvenil cercana al 40% mientras el Presidente Iglesias cierra las ojos ante la realidad de que somos la comunidad donde más ha crecido el paro.

Porque para cambiar el actual modelo económico en crisis es imprescindible una universidad de calidad, con una financiación suficiente para desarrollar la investigación y nuevos proyectos de futuro.

Porque el patrimonio natural de Aragón y sus montañas son de toda la ciudadanía y no una propiedad particular con la que poder especular urbanísticamente.

Porque las listas de espera en la sanidad pública aragonesa ponen de manifiesto la mala gestión del Gobierno de Aragón.

Porque queremos que el Gobierno de Aragón se comprometa realmente con la educación pública, que es la que asume los principales retos del Aragón multicultural.

Porque Aragón ha visto reducidos sus recursos públicos por la nueva financiación autonómica, que favorece a las Comunidades Autónomas con más votantes.

Porque con menos recursos públicos estamos en peores condiciones para crear empleo, para salir de la crisis y para prestar servicios públicos de calidad.

Porque vemos cómo, mientras en otras Comunidades Autónomas se incrementan las inversiones en infraestructuras del Estado, en Aragón descienden y se abandona el ferrocarril convencional y la red de cercanías, que vertebrarían nuestras comarcas.

Porque la reapertura de la línea internacional del Canfranc y el impulso de la travesía central por el Pirineo (TCP) no figuran entre los asuntos prioritarios de la presidencia española de la Unión Europea, mientras sí aparece el corredor mediterráneo, que favorece a otras Comunidades Autónomas.

Porque se encuentra en Aragón el único tramo sin desdoblar de la N-II desde Madrid a La Junquera.

Porque el desdoblamiento de la N-232 lleva años de retraso, al igual que las variantes en los municipios afectados, que se están ejecutando mal y tarde.

Porque muchos pueblos de Aragón tienen problemas de abastecimiento de agua y el Gobierno central no hace nada para resolverlo, mientras aprueba trasvases del Ebro a Cataluña.

Porque otras Comunidades Autónomas reciben millones de euros para compensar la presencia militar en sus territorios. Aragón, que sufre grandes servidumbres militares, no recibirá ni un euro.

Porque en Aragón no existe ninguna política cultural ni interés por nuestro patrimonio. Mientras otras comunidades recuperan su patrimonio, Aragón se desespera esperando los bienes de las parroquias orientales.

Porque PSOE y PAR no han sabido enfrentarse a estas realidades, ni gestionando desde el Gobierno de Aragón ni defendiendo en Madrid las prioridades de nuestro país.

Es posible cambiar esta realidad. Tod@s junt@s podremos construir un Aragón mejor. Para eso, hay que actuar.

¡DESPIERTA ARAGÓN!

DISPIERTA ARAGÓN!

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Es un espectáculo bochornoso ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada? Ésta es la pregunta recurrente que todo el mundo nos hemos hecho durante este año.

Con la legislación vigente, Pinilla sólo dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si dimitiera, si prosperara una moción de censura o si se disolviera el Ayuntamiento de La Muela. Está claro que ella no piensa dimitir y que los concejales que la apoyan no le van a retirar su confianza. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo forman, PSOE y PAR, se niegan a iniciar los trámites para que el Gobierno central disuelva ese Ayuntamiento, como hizo en su día con el de Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse nada?

En Chunta Aragonesista creemos firmemente que las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si éstos resultan insuficientes, habrá que buscar nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley actual no permite a los jueces apartar inmediatamente de la gestión pública a un cargo imputado por corrupción, hay que cambiar la ley. Es así de sencillo.

Esto es precisamente lo que proponemos al resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción. Si los jueces, mediante la prisión provisional, pueden privar de su libertad a una persona imputada, ¿por qué no van a poder apartarla de su cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general, cuando haya evidencias fundadas de que lo ha utilizado en provecho propio?

Por supuesto, los jueces sólo podrían acordar la suspensión provisional del ejercicio de un cargo público con las máximas garantías procesales y siempre que concurran tres requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza. En definitiva, proponemos los mismos requisitos y garantías procesales que la ley ya prevé para acordar la prisión provisional, sin que nadie plantee que esa privación preventiva de libertad vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Si conseguimos que una mayoría suficiente de diputados y diputadas de las Cortes de Aragón esté dispuesta a tramitar nuestra iniciativa, se abrirá un plazo de enmiendas y debate y, entre todos los grupos parlamentarios, elaboraremos un texto definitivo que se remitirá al Congreso de los Diputados, único competente para aprobar cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo esencial, por tanto, es que todos los partidos coincidamos en la necesidad de que los jueces puedan apartar de forma inmediata de las instituciones a los corruptos. Si todos compartimos este principio, no hay duda de que llegaremos a un acuerdo.

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Pretendemos, en definitiva, que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

La política es una actividad digna y quienes nos dedicamos a ella no podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas nos pongan a todos bajo sospecha. No podemos rendirnos ante la corrupción. Actuemos.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Marcelino Iglesias tenía que haber participado hoy en el debate sobre la corrupción política en Aragón, pero ha llegado cinco minutos tarde, signo de que declinaba el ofrecimiento. Por 1ª vez, PSOE y PAR han aceptado que se incluyera una comparecencia sobre corrupción en el Pleno… y se la aceptan precisamente al PP, en una semana aciaga para el proyecto de Rajoy. ¿Casualidad? ¡No!… ya sabían bien el PSOE y el PAR lo que hacían, desde luego… Y no se hablaba de “La Muela” ni de “Asael” en la pregunta…

El consejero de Presidencia, Javier Velasco, en quien ha delegado hoy Iglesias, ha declarado que no entendía la razón de ser de la comparecencia. Entonces, ¿por qué la han aceptado? Está claro que no es porque ni el PSOE ni el PAR tengan vocación de mártires… No aceptan el debate si lo solicita CHA, pero ya saben que esta semana les convenía –incluso- entrar en el juego, con un PP de capa caída, profundamente desacreditado.

En vez de pensar en intentar devolver a la ciudadanía la confianza en nuestro sistema político, han preferido entrar en un juego apetecible, porque también es paradójico que el PP quiera exigir el cumplimiento de un código ético que no se aplican ellos mismos. Y, mientras tanto, el ayuntamiento de La Muela sigue dirigido por varias personas que tienen un buen montón de imputaciones graves, con la alcaldesa Mª Victoria Pinilla a la cabeza, que tras cuatro meses en la cárcel salió previo pago de la friolera de 800.000 euros de fianza… Esto no lo entiende nadie en la calle –salvo, en todo caso, quienes estén beneficiándose de la situación- porque es un auténtico sinsentido.

Si Velasco no entendía la razón de ser de la comparecencia pedida por el PP, que se lo digan a nuestro grupo parlamentario: nos han rechazado en 16 ocasiones 3 solicitudes para que el presidente Iglesias comparezca para hablar de las responsabilidades políticas de su Gobierno y de la Administración aragonesa en el caso de La Muela). Tenemos pendientes desde hace meses otras 3 solicitudes de comparecencias del Gobierno en las comisiones de Obras Públicas, de Medio Ambiente y de Industria, en las Cortes, pero no comparecen. Llevamos casi un año esperando los informes del INAGA sobre cuestiones medioambientales relacionadas con proyectos urbanísticos en La Muela… y aquí estamos.

El Gobierno insiste en la “normalidad” que se vive en Aragón, pero debe de ser porque no se pasan por La Muela. Que les pregunten a quienes critican la gestión del equipo de Pinilla cómo lo viven allí, y lo verán claro. Y que valoren las actitudes y declaraciones chulescas de cargos públicos que han sido ensalzados como modelo de gestión municipal, hasta hace no demasiado tiempo, por los jefes de filas del PAR, sobre todo por su presidente, José Ángel Biel, su secretario general, Alfredo Boné… y hasta por el propio Marcelino Iglesias.

Los escándalos y las crisis políticas están presentes en diversas comunidades implicadas en tramas corruptas, y los medios de comunicación están dando buena cuenta de ello, con gente implicada del PP, de Unión Mallorquina, del Partido Socialista Catalán, del PNV… y, mientras tanto, los máximos responsables políticos de todos estos partidos intentan capear el temporal como pueden. Secretos a voces, en casi todos los casos, sin embargo. Como en Aragón, por otra parte. Como en La Muela.

Aquí, en Aragón, lo que ha sucedido en La Muela desde el punto de vista urbanístico, ¿ha sido ajeno al Gobierno o a la Administración? Cada vez que se ha vendido suelo público municipal en La Muela, ¿no es porque alguien, desde un puesto o cargo público, lo ha tenido que autorizar? Y ese alguien, ¿depende o no del departamento de Política Territorial, Justicia e Interior (PAR), y antes, de la Vicepresidencia del Sr. Biel, presidente del PAR? Hoy, Biel quieto en la mata, y Rogelio Silva, el consejero, ausente.

Cada vez que se ha aprobado un planeamiento urbanístico en La Muela, ¿no la ha tenido que autorizar la comisión provincial de Ordenación del Territorio? Hoy lo ha reconocido expresamente el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Alfonso Vicente (PSOE).

¿Quién decide que se exime o no de Estudio de Impacto Ambiental a un proyecto urbanístico? ¿No tiene nada que ver el departamento de Medio Ambiente, con el consejero Boné a la cabeza? ¿No tiene nada que ver el INAGA? ¿No es curioso que se obligara al ayuntamiento de Zaragoza a ese requisito para un camping municipal y se exima en el caso de la venta de 200 hectáreas en La Muela, o que llevemos casi un año sin recibir una información que tenía que habernos llegado en tres semanas?

Aquí, en Aragón, el PP acusa al Gobierno de inacción, pero fuera, ante las últimas noticias sobre Bárcenas, Esperanza Aguirre declara que esperan “a que se pronuncie el juez”; la secretaria general del PP, Cospedal, les resta importancia, y su presidente, Mariano Rajoy, señala que “hay que esperar al Supremo”. ¿No es lo que le critican en Aragón a Iglesias?

Por su parte, la vicepresidenta 1ª del Gobierno de Zapatero, Teresa Fernández de la Vega (PSOE) , manifiesta que “los políticos están obligados a dar explicaciones y a adoptar una posición más firme ante la corrupción”, como reacción a la tibieza de Rajoy. Y lo dice, aunque las personas imputadas no estén condenadas… mientras que el PSOE aragonés, más cauto por lo que le toca, opta por esperar las sentencias. Es más, su secretario general en Aragón, Marcelino Iglesias, insiste en que “los jueces son los que tienen que juzgar”. Todos barriendo para casa.

En cuanto al PAR, mejor ni hablar. Deben de pensar que cuanto menos se les oiga, con la que está cayendo, mejor… pero no es fácil olvidar a Biel, bien tieso, defendiendo a Mª Victoria Pinilla en tiempos en los que CHA ya levantaba la voz de alarma por la forma de gestionar de esta mujer y de su entorno.

A las personas que estamos en política nos juzga cada día la ciudadanía, y tenemos la obligación de ser intachables. No se está en política para engordarte los bolsillos, sino para trabajar por la ciudadanía. No hay más. Y esto no tiene que ver con aciertos o errores en decisiones políticas, que todo el mundo las tiene. Hablamos de otra cosa, hablamos de que no se debe estar en política para sacar rendimiento económico personal o partidista. Y los mensajes en la calle son confusos por culpa de muchas actitudes de los partidos políticos implicados en casos de corrupción.

Así que más vale que nos pongamos todas las formaciones manos a la obra para intentar devolverle a la gente su confianza en la actividad política y en el propio sistema democrático.

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Vía CHA en La Aljafería

CHA va a registrar una proposición de ley para proponer la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de modo que el juez instructor de un caso pueda  suspender provisionalmente a un cargo público imputado por algún delito, de forma que no puede seguir desempeñándolo.“Es un sinsentido que alguien que haya ido a prisión provisional imputado por uno o varios delitos pueda pagar la fianza y continuar en el puesto público desde el que presuntamente los cometió”, ha señalado la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, en referencia a la alcaldesa de La Muela, Mª Victoria Pinilla.

“Si los partidos no hacemos algo, ni proponemos nada, le estamos siguiendo el juego a toda esta banda que da descrédito a la actividad política, no sirve esperar a que los jueces resuelvan los casos, políticamente son necesarios gestos contundentes para explicarle a la gente que no todo vale, que los políticos estamos no para engordarnos los bolsillos, sino para servir a la ciudadanía”, ha manifestado Ibeas.

Por todo ello, además de presentar esta iniciativa, CHA continuará exigiendo al Ejecutivo autonómico una actitud clara en contra de la corrupción política. “Hasta ahora, durante más de un año, PSOE y PAR no han querido hablar sobre el caso La Muela”, ha explicado la presidenta de CHA, recordando que por 16 veces consecutivas ambos se han negado a incluir en el orden del día del pleno las solicitudes de comparecencia del presidente Marcelino Iglesias. A esas hay que sumar otras 3 comparecencias pendientes de otros tantos consejeros, que seguimos esperando que atiendan desde mayo de 2009, así como varias solicitudes de información.

Sin embargo, mañana en el pleno sí se ha incluido una solicitud del PP para que el presidente Iglesias explique “su posicionamiento sobre la corrupción en Aragón y las medidas arbitradas en esta legislatura para impedirla”. “PSOE y PAR la han aceptado porque no se nombra a La Muela”, ha afirmado tajante Nieves Ibeas, “y porque, en un claro ejemplo de oportunismo, el PSOE podrá arrojarle a la cara al PP los casos Matas, Fabra y Gürtel, con lo que los dos grandes partidos se enzarzarán en el habitual ‘y tú más, y tú antes, y tú peor’, lo que desde luego no contribuirá a dignificar la política, ni a aclarar nada sobre La Muela ni a responder a todas las cuestiones que siguen pendientes”.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Un año después de que se desvelara la trama del caso “La Muela”, el Gobierno de Marcelino Iglesias no ha hecho nada al respecto para luchar contra la corrupción. De hecho, en su respuesta pretendió asimilar la pregunta que le hacíamos desde CHA con la que le hacía el PP, y devolverme los mismos argumentos que a los populares.

Iglesias simuló indignarse ante las “verdades a medias” de la oposición, cuando para “verdades a medias”, las suyas, como se verá a continuación. Está claro que le viene bien el cara a cara con el PP, a quienes puede echarles a la cara los casos de corrupción que tiene la derecha por distintos lugares. Pero no le viene nada bien enfrentarse a CHA, porque en nuestro caso no tiene nada a lo que agarrarse.

En el Pleno del viernes, 26 de marzo, Iglesias dijo la frase que ocupa hoy los titulares: que no le gusta que Mª Victoria Pinilla siga siendo alcaldesa de La Muela. Ya… ¿y qué ha hecho para evitarlo?

Dijo también que su Gobierno había cumplido siempre la ley y siempre la había hecho cumplir, cosa que no es verdad, porque de ser así no habría pasado lo que ha pasado. Es más, el subdirector provincial de Urbanismo de Zaragoza, Carlos Martín Rafecas, imputado en la Operación Molinos (una forma más suave de llamar a la trama de corrupción política de La Muela), dejó de ser director de la ponencia técnica de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el 24 de marzo de 2009. Lo han llevado en silencio, pero es así, e Iglesias olvida que es responsable del Gobierno y de la Administración autonómica

El G.P. CHA ha solicitado 15 veces su comparecencia y por 3 aspectos distintos… Cerca de cuarenta veces se ha negado Iglesias a debatir abiertamente sobre el tema en las Cortes a petición de CHA, por no mencionar la pregunta que se nos censuró el pasado mes de septiembre…

En septiembre de 2009, mi grupo parlamentario propuso enviar un mensaje conjunto a la sociedad aragonesa contra cualquier clase de corrupción, un momento en el que los escándalos de La Muela y de ASAEL estaban en boca de todo el mundo, pero el PSOE y el PAR se negaron, con la excusa de que había que dejar trabajar a la justicia. ¿Y no hay acaso responsabilidades éticas y políticas en juego? ¿No hay nada que explicar? La gente piensa lo contrario.

Durante este tiempo hemos visto a cargos públicos entrar a la cárcel y salir para volver a ocupar los puestos desde los que supuestamente cometieron delitos. Y mientras tanto, el Gobierno de Marcelino Iglesias y de José Ángel Biel, mirando para otro lado. En el PAR lo entiendo: presumían de su alcaldesa (que llegó a serlo con las siglas del PAR) hasta hace año y medio, aunque ahora se esfuercen en simular que no la conocen. Aún recordamos en las Cortes las alabanzas del Vicepresidente Biel ante lo que él mismo se obstinaba en presentar como el auténtico modelo de la gestión municipal. Esa es la forma de hacer política del PAR.

Pero esperábamos que Iglesias y el PSOE hicieran el ejercicio público de transparencia y honestidad que su propio partido reclama en muchos otros lugares, y no lo han hecho. Han preferido proteger al socio, o a quien sea, porque no lo sé.

CHA lleva años denunciando en La Muela (con Adrián Tello y Pedro Bartolomé y otros compañeros y compañeras a la cabeza) y en las instituciones donde tenemos presencia (Cortes de Aragón incluidas) que no se estaban haciendo bien las cosas en ese ayuntamiento, y me pregunto qué esperaba Iglesias que hiciéramos, ¿callarnos? ¿Callarnos, viendo que la gente está perdiendo confianza en la política y en los políticos? ¿Callarnos, viendo que parece que lo más normal del mundo sea aferrarse al sillón aunque haya que pagar fianzas de cientos de miles de euros?

¿Eso hubiera hecho el PSOE en nuestro lugar? Pues ni nos hemos callado hasta ahora, ni nos vamos a callar, porque hay que devolverle la confianza a la gente. Y por pura dignidad. Hay maneras y maneras de entender la política y la nuestra no es ni la de la alcaldesa Pinilla, ni tampoco la del Gobierno PSOE-PAR, que siempre está esperando a que escampe, en vez de tomar decisiones, con cualquier tema: con éste, con los bienes, con la crisis…

Iglesias dice ahora que no le gusta que Pinilla siga de alcaldesa, pero no ha hecho nada para evitarlo, y algún que otro piropo le dirigió incluso en otros tiempos. CHA propuso la única solución posible para evitar que la alcaldesa siguiera de hecho en su puesto: disolver del ayuntamiento de La Muela. La decisión final es del Consejo de Ministros, pero el Gobierno PSOE-PAR ni siquiera quiso intentarlo. ¿Por qué?

Es más, Iglesias dijo ayer algo que es radicalemente falso: dijo que los miembros de la Comisión Jurídica  Asesora (actual Consejo Consultivo de Aragón), que informó desfavorablemente de la posibilidad planteada por CHA, no son nombrados por el Gobierno (para argumentar su independencia), cuando a todos ellos los nombra el Gobierno mediante Decreto. Precisamente CHA quería que fueran nombrados en su mayor parte por el Parlamento autonómico, pero PSOE, PP y PAR se opusieron, de manera que hay lo que hay. ¿Ni siquiera controla eso el presidente del Gobierno?

En fin, ¿qué ha hecho el Gobierno en todo este tiempo? La alcaldesa sigue diciendo que no ha hecho nada que no le permitieran… ¿Es cierto eso? El viernes, Iglesias no lo negó ni lo afirmó, como siempre.

¿Qué han investigado en este tiempo y cuántos expedientes sancionadores por el incumplimiento de la legislación urbanística tienen encima de la mesa?  ¿Cómo es posible que se pueda seguir construyendo sobre espacios protegidos, vendiendo suelo impunemente y empobreciendo al pueblo de La Muela?  ¿Qué pasa con esas subvenciones de su Gobierno a proyectos sin realizar? ¿Nos quieren decir que tal vez hay alguien en el Gobierno de Aragón que otorga patentes de corso para hacer lo que le apetezca? ¿Quién es?…

Fueron muchas las preguntas formuladas, ninguna respuesta clara, y muchas verdades a medias…  y esto no se soluciona con una pregunta de cinco minutos, por mucho que venga cada tres meses. Iglesias lo sabe bien, y negarse a comparecer no hace más que aumentar las sospechas de que las cosas no se han hecho ni se siguen haciendo bien.

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El Gobierno de Aragón se ha vuelto a lavar las manos con el tema La Muela. El Presidente del Gobierno de Aragón ha contestado que aunque a su Gobierno no le gusta que la alcaldesa, imputada de 13 delitos, siga en su puesto, no puede hacer nada por evitarlo: “en 30 años de democracia en España nadie se ha atrevido a mandar a su casa a alguien elegido por el pueblo”. Iglesias contestaba así a la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, quien le había preguntado por las acciones realizadas por su Gobierno contra la corrupción en Aragón en estos doce meses transcurridos desde que se destapó la Operación Molinos. “No hay sólo responsabilidades penales”, le ha dicho Ibeas, “están también las éticas y las políticas y este Gobierno se limita a mirar para otro lado”. Para la presidenta de CHA, es necesario actuar “para que no dé la impresión de que todo vale, la gente necesita recuperar la confianza en la política”.

Nieves Ibeas ha recordado que CHA ya propuso la única solución factible para evitar que Mª Victoria Pinilla y otros imputados siguieran en el Ayuntamiento, que es solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento. PSOE y PAR no quisieron apoyar en su día esta iniciativa, entre otras cosas, según Iglesias, porque la Comisión Jurídica Asesora (actual Consejo Consultivo de Aragón) había informado desfavorablemente al Gobierno de esa posibilidad.

En este punto el presidente Iglesias ha puntualizado, con la intención de destacar su carácter independiente, que los miembros de la Comisión no son nombrados por el Gobierno, aunque la realidad es la contraria: es precisamente el Gobierno quien nombra mediante Decreto a todos los miembros del Consejo (BOA del 2 de marzo 2010). Precisamente durante la tramitación, este último año, del Proyecto de Ley del Consejo Consultivo, CHA presentó enmiendas para cambiar esta situación y para que, como ocurre en la mayoría de Comunidades Autónomas, los miembros del Consejo fueran nombrados en su mayor parte por el Parlamento autonómico. PSOE, PP y PAR las rechazaron.

En el pleno de ayer, a preguntas de Bizén Fuster, también tuvo que referirse a La Muela el consejero responsable de Obras Públicas, Urbanismo y Trasnportes, Alfonso Vicente, para confirmar oficialmente que otro de los imputados, Carlos Martín Rafecas, “dejó de ser” director de la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el 24 de marzo de 2009, apenas unos días después de hacerse pública la Operación Molinos. “Nos parece muy significativo y relevante que el Gobierno no haya informado de este asunto, es un ejemplo más de la oscuridad en la que quieren sumir todas sus actuaciones relacionadas con La Muela”, ha señalado después el diputado de CHA. El consejero se había limitado a explicar que “al no ser un nombramiento oficial, sino una designación, no hacía falta publicarla en boletín, ni tampoco el cese”. “Lo que no ha explicado es por qué se decidió apartarlo de esa responsabilidad pero manteniéndolo como miembro de la Comisión y, además, como subdirector provincial de Urbanismo”, ha apuntado Fuster.

Respecto a la zona de seguridad del oleoducto militar Rota-Zaragoza acotada por el Ministerio de Defensa en La Muela, donde el hijo de la alcaldesa construye su casa (a pesar de que en 2008 Defensa ya multó al marido y a su otro hijo con 60.000 euros por ubicar allí sus viviendas en esa zona), Vicente se ha limitado a señalar que hay abierto un expediente informativo por parte de la autoridad militar y otro por su departamento y ha asegurado que con la nueva Ley de Urbanismo de Aragón “todo lo que ha pasado en La Muela no hubiera pasado”.

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Chunta Aragonesista volverá a solicitar, por decimoquinta vez consecutiva, mañana en la Junta de Portavoces, la inclusión en el orden del día del pleno de las Cortes de la comparecencia del Presidente Marcelino Iglesias sobre el caso La Muela. Durante prácticamente un un año, los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y PAR, han bloqueado sistemáticamente que Iglesias dé explicaciones ante el pleno.

CHA tiene registradas desde que comenzó la Operación Molinos tres solicitudes de comparecencia de Iglesias para explicar, respectivamente, la responsabilidad general del Gobierno de Aragón y de la Administración autonómica en las decisiones y procesos del Ayuntamiento de La Muela que están siendo investigados y su participación en el proceso de desarrollo urbanístico de la localidad y en la emisión de informes medioambientales y la concesión y justificación de subvenciones.

Estas solicitudes forman parte de la batería de iniciativas que, en el último año, desde que se hizo pública la Operación Molinos, ha presentada CHA en las Cortes. La presidenta de CHA y del grupo parlamentario, Nieves Ibeas, pudo preguntar el 22 de abril y el 22 de mayo de 2009 al presidente Iglesias al respecto, obteniendo sólo respuestas evasivas, pero cuando quiso preguntar por tercera vez el 30 de septiembre, el presidente de las Cortes lo impidió, en un caso de censura sin precedentes en las Cortes. Por otro lado, CHA presentó una proposición no de ley instando al Consejo de Ministros a disolver el Ayuntamiento de La Muela, pero PSOE y PAR votaron en contra el pasado 29 de septiembre. También se ha solicitado a los consejeros responsables de Urbanismo y Medio Ambiente que comparezcan en las respectivas Comisiones sobre las actuaciones de sus departamentos en La Muela, sin que se hayan sustanciado once meses después de su registro.

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Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de AragónOtros informes han sido elaborados en la mitad de tiempo: sobre los bienes, en 19 días, y el del trasvase a Barcelona, en 21 días. CHA solicitará hoy, por cuarta vez en la Junta de Portavoces, que se incluya en el próximo pleno la comparecencia de Iglesias sobre La Muela.

Chunta Aragonesista ha solicitado copia del informe jurídico encargado por el Presidente Marcelino Iglesias el pasado 8 de mayo sobre la situación del Ayuntamiento de La Muela. “Hoy se cumple un mes y medio, 45 días, es tiempo más que suficiente para que el Gobierno disponga y dé a conocer este informe, teniendo en cuenta los antecedentes”, ha afirmado Nieves Ibeas. La Presidenta de CHA se refiere a otros informes jurídicos encargados por el Gobierno, como el de los bienes depositados en Lleida, que se elaboró en 19 días, y el informe sobre el proyecto del trasvase del Ebro, realizado en 21 días*.

El Presidente Iglesias anunció el 8 de mayo que había solicitado un informe a la Comisión Jurídica Asesora de Aragón (COJA) para, dijo textualmente, “ver qué fórmulas tenemos para dar una salida a este ayuntamiento”. Sin embargo, desde entonces no ha trascendido si este informe está ya terminado, mucho menos sus conclusiones ni la posición del Gobierno.

Por otro lado, hoy a las 13 horas está convocada la Mesa y Junta de Portavoces para decidir el orden del día del pleno del 25 y 26 de junio, el último de este curso parlamentario. CHA reclamará, por cuarta vez, la inclusión de las comparecencias solicitadas para que el Presidente Iglesias hable sobre La Muela, tanto de las responsabilidades políticas del Gobierno en relación con las actuaciones de ese Ayuntamiento, como de la política urbanística y medioambiental desarrollada por el Ejecutivo en dicho municipio.

El 16 de abril de 2008, el Consejo de Gobierno acordó encargar a los servicios jurídicos del Gobierno y a la COJA la elaboración de un informe para determinar si el proyecto de transferencia de agua a Barcelona era jurídicamente un trasvase. El informe fue dado a conocer el 6 de mayo de 2008. Meses antes, el 12 de noviembre de 2007, el Presidente Iglesias anunció el encargo de un informe jurídico en relación con los bienes de las parroquias de la diócesis Barbastro-Monzón que se encuentran en Lérida. El 30 de noviembre de 2007 se dio a conocer a través de los medios de comunicación.

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