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Posts Tagged ‘Proposición’

Heraldo de Aragón. 04.11.14

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DOSCIENTOS VECINOS Y VECINAS DE LA MUELA HICIERON “HISTORIA” HACE CINCO AÑOS…

Plataforma Vecinal de La Muela. Carlos Azagra 'El Jueves'

CARLOS AZAGRA, DIBUJANTE DE EL JUEVES

Mañana se cumplirán cinco años de la CONCENTRACIÓN que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2009 en el Edificio Pignatelli (Sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza), en la que 200 vecinas y vecinos de La Muela, convocados/as por la Plataforma Vecinal, salimos a la calle, a luchar contra la corrupción, para devolverle la dignidad a nuestro PUEBLO, siendo la única manera la DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ya que hasta la fecha, desde el 18 de marzo habián sido imputadas 36 personas, entre ellas, la Alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa (Recientemente excarcelada), y dos de sus Concejales,Juan Carlos Rodrigo Vela (También recientemente excarcelado) y Fernando Miguel Barba Marcén. Aclarar que tanto la Alcaldesa como los Concejales referenciados, eran cargos públicos bajo las siglas del Partido Aragonés (PAR).

Dos semanas después, el 29 de septiembre de 2009, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), rechazó la PNL (Proposición No de Ley) presentada por el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, sobre la solicitud de DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA. La mencionada PNL contó con los votos favorables aparte de los del Grupo Parlamentario de CHA, con los del Grupo Parlamentario Popular (PP) y de IU, pero la mayoría absoluta de PSOE-PAR y su voto en contra, tiro la propuesta…

Para quienes quieran tener un poco de “memoria histórica“, y conocer el “pasado” de nuestro PUEBLOya que para algunas formaciones políticas. la historia polítca de nuestra localidad empieza a partir de mayo de 2011, tras las elecciones municipales, e incluso para alguna otra, a partir de mayo de 2014, tras las elecciones europeas, a un año justo de las próximas Elecciones Municipales…-, aquí está la transcripción de la Intervención de Chesús Bernal en el debate y votación de la Proposición No de Ley (PNL) NÚM. 230/09, sobre la Solicitud de Disolución del Ayuntamiento de La Muela.

INTERVENCIÓN DE CHESÚS BERNAL BERNAL EN EL DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy».[Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

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Corrupción. Súmate al NO

Chunta Aragonesista presentará el jueves 26 de septiembre, en el próximo pleno de las Cortes, una proposición de ley para reformar la Ley de enjuiciamiento criminal de forma que un juez pueda suspender provisionalmente a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial por haber, presuntamente, cometido delitos de corrupción.

Si el juez puede enviar a la cárcel provisionalmente a un imputado, privándole de libertad, ¿por qué no puede suspenderle de ejercer su cargo público también preventivamente”, se ha preguntado Soro, que ha insistido en que el jueves se vota la toma en consideración de la iniciativa, y que después se trata de mejorarla en el trámite parlamentario. “Para este primer paso sólo se necesita voluntad política, pero real, no de boquilla”, ha afirmado.

CHA ya presentó esta misma propuesta hace 3 años, a raíz del escándalo de corrupción de La Muela, pero PP-PSOE y PAR votaron en contra de su toma en consideración en las Cortes y lo mismo hicieron en el Senado: CHA presentó allí la iniciativa gracias al acuerdo de colaboración con Bloc per Mallorca y PSM-Verds.

¿Será este tercer intento el vencido?“, se ha preguntado Soro. Para CHA es urgente y necesario: “si no hubiéramos perdido tres años, ahora no habría imputados en cargos públicos o listas electorales, como sigue sucediendo, y la política habría ganado en transparencia y credibilidad ante la ciudadanía”, ha concluido José Luis Soro.

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El Diputado de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, reclama que esta medida se incluya en el borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha anunciado el Gobierno de Zapatero. “Quienes están imputados por delitos cometidos en las instituciones no pueden estar ejerciendo el cargo. Esta reforma es fundamental si se quiere recuperar la confianza de la ciudadanía en la clase política”.

CHA considera indispensable que, en el borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se incluya un cambio para impedir que los cargos públicos imputados por un delito cometido desde su responsabilidad institucional sigan ejerciendo su cargo mientras se investiga.

Para el Diputado de CHA en las Cortes de Aragón y Vicesecretario General de CHA, José Luis Soro, “nadie comprende que una persona esté siendo investigada por delitos cometidos desde su puesto y, a la vez, siga desarrollando la labor como cargo público” y ha recordado “la lamentable situación que se vivió con María Victoria Pinilla en la localidad de La Muela”.

CHA recuerda que ya se presentó esta iniciativa en el Senado pero fue rechazada. Para José Luis Soro, “ahora se presenta una oportunidad única para introducir esta reforma y para recuperar algo de la confianza de la ciudadanía”. La lucha contra la corrupción debe ser “una prioridad dentro de las instituciones”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, durante la fase de instrucción de un sumario, el juez pueda enviar a prisión provisionalmente a las personas imputadas por delitos de corrupción pero no que se las pueda apartar provisionalmente de su cargo público. CHA plantea que se incluya también esta segunda posibilidad, con las mismas garantías procesales que para la prisión provisional y los mismos requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza.

Soro recuerda que la medida propuesta por CHA ha sido bien recibida en los círculos judiciales, incluso el Juez Decano de Zaragoza manifestó públicamente que la consideraba “factible y positiva”, y que también la respaldó el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

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Vía CHA en la Aljafería

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha terminado ya su intervención en el Debate de política general. A su discurso inicial (que podéis leer aquí), ha contestado el presidente Iglesias, y después ha habido un segundo turno de dúplica y réplica (podéis ver la transcripción completa e imágenes y vídeos en la página web de las Cortes).

Ibeas ha reivindicado la actividad política y ha instado a todos los partidos, pero especialmente a los de Gobierno por su plus de responsabilidad, a trabajar para acabar con la desafección y la desconfianza que la política ha generado entre la ciudadanía, y por eso ha reprochado al PSOE, al PP y al PAR que hayan rechazado este último año todas las iniciativas de CHA contra la corrupción:

“Desconozco cuánto le preocupa a Ud. esto, Sr. Iglesias, y el desprestigio de la actividad política, que la gente pueda pensar que sólo se entra aquí para chupar del bote, pero Ud. ayer no tuvo ni una palabra contra la corrupción. A Ud. y al PSOE se les ve muy cómodos echándole en cara al PP sus graves problemas en otras comunidades autónomas. Aquí, como la alcaldesa de la Muela era del PAR, prefieren mirar hacia otro lado. La ciudadanía les pedía un gesto contundente y no lo tuvieron”.

Por cierto, mañana día 15, se debatirá en el Senado la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por CHA para que quien tenga una imputación por delitos de corrupción sea apartado de su cargo público provisionalmente (ahora la inhabilitación es imposible durante la instrucción, sólo cuando hay sentencia).

La presidenta de CHA ha hecho un discurso reivindicativo, social, pegado a la realidad y en defensa de los valores aragonesistas y de izquierdas. Ha sido optimista con las posibilidades de Aragón pero pesimista con lo que este Gobierno actual puede ofrecer, por lo que ha dado por acabada esta etapa de coalición PSOE-PAR:

“Sr. Iglesias, necesitamos un proyecto de País ilusionante, que le devuelva a la gente el entusiasmo y las ganas de participar en el desarrollo de nuestra sociedad. Su Gobierno no puede ofrecernos nada nuevo. Ud. no ofrece nada nuevo. Ud. Sr. Iglesias, se siente ya parte del pasado.

Debemos mirar al futuro. La gente debe saber que las cosas pueden y deben ser de otra manera. Que es posible otro Aragón, un Aragón orgulloso de su identidad, de su historia y de su patrimonio, convencido de sus posibilidades. Que es posible un País desarrollado, equilibrado y sostenible., y desde CHA seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas para hacerlo realidad.

Aquí estaremos, aquí nos encontrarán. Y está claro, Sr. Iglesias, que la cuenta atrás hacia nuevos tiempos ya ha comenzado”.

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Vía El Periódico de Aragón

El pleno del Senado tomará en consideración el próximo miércoles una propuesta impulsada por Chunta Aragonesista para expulsar de sus cargos públicos a los imputados por corrupción.

Se trata de una proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público que ha sido registrada en la Cámara baja gracias al acuerdo de colaboración política de CHA con el Bloc per Mallorca i PSM-Verds.

PRISIÓN PREVENTIVA DE CARGOS PÚBLICOS

Actualmente, esta ley permite la prisión preventiva de cargos públicos imputados por presuntos delitos de corrupción, pero no la suspensión provisional de empleo sin prisión.

Una situación que, según la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, “permite casos como el de la alcaldesa de La Muela, que tras pagar una fianza millonaria, sigue en su sillón y manejando los hilos de su municipio a pesar de sus gravísimas imputaciones por once delitos supuestamente cometidos desde ese cargo” o de municipios como El Ejido, en Almería.

En una nota de prensa, CHA recuerda que PSOE, PP y PAR se opusieron el pasado 3 de junio a tomar en consideración en las Cortes de Aragón esta propuesta, con “excusas” como la de que el parlamento autonómico no era el foro adecuado.

“Vamos a ver qué hacen estos partidos en el Senado”, ha afirmado Ibeas, para quien “debe ser una prioridad luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si estos resultan insuficientes, hay que buscar nuevas fórmulas, como la que recoge nuestra propuesta para que los jueces puedan apartar inmediatamente de la gestión pública a los corruptos”.

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Vía Adrián Tello Gimeno

Ayer, 31 de julio de 2010, casi año y medio después que se destapara la presunta trama de corrupción del caso La Muela, más conocida como “Operación Molinos”, El Periódico de Aragón publicaba la siguiente noticia: “La DGA reclama 432.000 € por vía de apremio al Ayuntamiento de La Muela”. Dicha cantidad dinero corresponde a la famosa subvención que concedió el Instituto Aragonés del Agua, dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y que presuntamente se desviaron hacia al equipo de fútbol…

Paradojas de la vida, el pasado 20 de mayo, en el Pleno de las Cortes de Aragón, los grupos que sostienen al Gobierno, es decir, PSOE y PAR, alegando que “no existían motivos jurídicos”, rechazaron una Proposición No de Ley (PNL), presentada por Chunta Aragonesista (CHA), para que el Gobierno de Aragón se personara como acusación particular en el procedimiento penal instruido en el Juzgado de La Almunia por el caso de corrupción en La Muela, entre otras cosas porque “el Instituto Aragonés del Agua tiene incoado contra el Ayuntamiento de La Muela un procedimiento de reintegro de subvenciones por valor de 432.737,61 euros en aplicación de la normativa general reguladora de las subvenciones”.

Cada un@ que saque sus consecuencias, pero mientras el Gobierno de Aragón sigue mostrando una enorme tibieza (por decirlo suavemente) para luchar contra la corrupción en La Muela y en Aragón, en el mismo periódico aparecía también otra noticia en la que aparecían los nombres y apellidos de la persona imputada número 42. En Marbella se procesaron a 86 personas a la espera de juicio. Aquí, ya nos vamos acercando, y por cierto, ¿La Alcaldesa? Pues ejerciendo la Alcaldía…

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