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Reducir el límite de los gastos electorales, desbloquear las listas de candidatos, que los programas electorales sean un compromiso vinculante con la ciudadanía, modificar el sistema electoral, sustituyendo el actual método D’Hondt por otro más proporcional, ampliar el derecho de sufragio activo a las personas mayores de 16 años, declarar inelegibles a las personas imputadas judicialmente por delitos de corrupción o contra las que se haya abierto juicio oral en el orden penal, y establecer la prohibición legal de que los Diputados a Cortes de Aragón perciban retribución alguna a cargo de los partidos políticos.
Estas son las propuestas para la Reforma de la Ley Electoral de Aragón que el portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes, José Luis Soro, ha registrado hoy en una iniciativa parlamentaria que será debatida este próximo mes de octubre. «Ninguna de estas medidas necesita la modificación del Estatuto de Autonomía, y las planteamos de modo suficientemente abierto para que se puedan alcanzar consensos«, ha explicado.
Soro solicita al Gobierno de Aragón que incluya estas cuestiones en un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Electoral de Aragón, de 1987, para que después se produzca el debate y tramitación parlamentarios y la nueva ley pudiera entrar en vigor para la próxima cita autonómica del 24 de mayo de 2015. «Creemos que hay tiempo suficiente y que no podemos esperar cinco años más a abordar esta reforma«, ha señalado.
Tal y como señala el portavoz de CHA en los antecedentes de su proposición de ley, el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de junio de 2014 sitúa a la corrupción como una de las tres principales preocupaciones de la ciudadanía, junto con el paro y los problemas de índole económica. Pero, además, ese barómetro refleja una realidad muy preocupante: una amplia mayoría percibe como un problema a “los políticos en general, los partidos políticos y la política”.
Por ello, ha explicado José Luis Soro, «la regeneración política es una necesidad perentoria en estos momentos, en Aragón y en el Estado español; los instrumentos de los que nos hemos dotado en democracia necesitan ser revisados y actualizados para responder a las reivindicaciones y aspiraciones actuales, para aumentar la participación, para empoderar de forma efectiva a la ciudadanía, convirtiéndola en verdadera protagonista, y para garantizar, en definitiva, la mayor calidad posible de nuestro sistema político y de representación parlamentaria«.
Soro insta también en la iniciativa a que las medidas que plantea puedan ser también aplicadas en las elecciones municipales, lo que exigiría la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
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La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha presentado una iniciativa parlamentaria para reclamar al Gobierno central esta medida. Señala que «es muy grave que se pueda pensar que aquí vale todo. Esperamos que todos los partidos voten a favor de esta propuesta porque es inmoral que se permita que la Alcaldesa, imputada por gravísimos delitos relacionados con la gestión municipal, vuelva a dirigir el ayuntamiento como si no hubiese pasado nada».
CHA a dado a conocer la proposición no de ley presentada en las Cortes de Aragón en la que se pide al Gobierno de Aragón que solicite al Consejo de Ministros la disolución de la Corporación Municipal de La Muela.
Para la Presidenta de CHA y Presidenta del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, «un Gobierno de Aragón responsable debería haber evitado que la Alcaldesa de La Muela, imputada por graves delitos derivados de la gestión municipal, siga desempeñando su cargo como si no hubiese pasado nada. Es lamentable e inaudito que hayan permitido su vuelta al cargo». Para Nieves Ibeas «esta proposición no de ley refleja la demanda que la sociedad aragonesa tiene en la cabeza y en el corazón» y añade que «no se puede permitir que la política se convierta un todo vale».
Para Nieves Ibeas «la sociedad está reprobando esta situación, que es indignante, y el Gobierno de Aragón no puede seguir mirando para otro lado en este asunto». Y añade que «existe la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda disolver los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, tal y como está ocurriendo en La Muela, así que vamos a reclamar que lo haga».
Nieves Ibeas también señala que «el PSOE y el PAR han estado muy preocupados por defender la autonomía local. Desde CHA también apostamos por ella pero en casos como éste, la situación excede del ámbito del municipio así que tendrán que posicionarse ya que La Muela está siendo ejemplo de falta de dignidad política y mala gestión. Tampoco podemos olvidar las veces que han alabado la gestión de María Victoria Pinilla hasta el momento en el que la imputaron» y recuerda que «CHA lleva años denunciando que detrás de la imagen idílica de la localidad se esconden una gestión turbia, falta de servicios sociales y condiciones para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos/as, no sólo de los familiares y amigos/as de la Alcaldesa».
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La situación generada tras la puesta en libertad bajo fianza de Mª Victoria Pinilla, y conocerse su intención de reincorporarse a su puesto de alcaldesa de La Muela, es gravísima e incomprensible para toda la ciudadanía aragonesa, entre la que me incluyo. ¿Cómo es posible que una persona imputada por delitos de corrupción pueda volver a ocupar el cargo público desde el que supuestamente cometió dichos delitos? Que la Ley lo permita no significa que sea admisible desde el punto de vista social y político.
La salud democrática exige que Pinilla deje de ser alcaldesa cuanto antes. Y esto solo puede ocurrir si dimite, si los concejales que la apoyan secundan una moción de censura o si se disuelve el Ayuntamiento. Las dos primeras soluciones parecen harto difíciles, pero no la tercera, a pesar de las resistencias del Gobierno de Aragón y de los partidos que lo componen, PSOE y PAR, que están demostrando una tibieza inadmisible en todo este asunto, haciendo como que no va con ellos. Marcelino Iglesias ya se ha negado una y otra vez a comparecer en sede parlamentaria para explicar las responsabilidades de cargos de su Gobierno y de la Administración aragonesa en las autorizaciones que han permitido actuaciones irregulares en La Muela. ¿Por qué se niega ahora a asumir la responsabilidad de hacer lo que está en su mano para resolver la vergonzosa situación en la que se encuentra el municipio?
Si fue posible en 2006, y con gobierno socialista en la Junta de Andalucía, disolver el Ayuntamiento de Marbella, también lo es en La Muela, donde las circunstancias son prácticamente idénticas. Estamos ante el “supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales” que exige la Ley de Bases del Régimen Local para poder disolver un ayuntamiento. Hay, además, una contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación, una situación procesal de diversos cargos municipales imputados y un cúmulo y reiteración de los presuntos delitos cometidos (cohecho, tráfico de influencias, delitos urbanísticos…) que provocan escándalo y alarma sociales, descrédito de la democracia municipal y desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Éstas son, literalmente, las justificaciones en que se basó el Real Decreto 421/2006 para disolver el Ayuntamiento de Marbella.
El Gobierno de Aragón no debería tardar ni un minuto más en pedir al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de La Muela. CHA va a registrar en las Cortes una iniciativa parlamentaria instando al Gobierno a dirigirse al Gobierno central con ese objetivo. Es nuestra obligación ética y política hacerlo, y exigirlo, porque el de La Muela es un penoso ejemplo de una manera de entender y practicar la actividad política que no admite excusas ni medias tintas. Quien flaquee en la defensa de la honradez y la honestidad en la gestión de lo público, que tiene su propio código más allá del penal, está haciendo un flaco favor a nuestro sistema democrático y a la lucha contra la corrupción, que no debería depender del signo político de los encausados.
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CHA VALDEJALÓN 