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EFECTOS COLATERALES DE LAS NORMAS CONTRA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD DE LA ALMUNIA. POR JOSÉ MANUEL LATORRE MARTÍNEZ «SEVE», CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHA

José Manuel Latorre Martínez. SEVE
(22 de enero. 4 MESES YA SIN PODER JUGAR A LA PELOTA EN LA CALLE)

Estimado Sr. Alcalde y equipo de «Gobierno Municipal» de La Almunia:

Hoy hace exactamente 4 meses que ustedes ya pueden multar a los niños y niñas que jueguen a la pelota o patinen deprisa en las calles, parques y plazas de La Almunia, vulnerando uno de los Derechos Fundamentales de la Infancia reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño. Eso sí, si tienen menos de 7 años y están acompañados por sus padres, sí pueden jugar. Sus padres son los responsables.

Hace exactamente 70 días que pusieron el precio de 72 € al año por ir a jugar al Espacio Joven y 3 € por sesión suelta. Y en breve entrará en vigor que por jugar en la ludoteca y el Espacio Joven o por asistir a un espectáculo que tenga lugar dentro los niños y niñas de La Almunia tendrán que pagar.

Los precios por jugar al fútbol, o baloncesto en el polideportivo municipal se multiplican casi por 3 para acceder a las pistas en invierno, eso sí previa reserva. O bien se han de inscribir en los deportes federados, escuelas deportivas o lo que sea. Y los domingos por la tarde que sería un día para usar las instalaciones como un lugar de ocio deportivo, en que no suele haber partidos federados, el polideportivo está cerrado.

EFECTO COLATERAL 1: los niños y niñas de La Almunia no tienen un espacio donde jugar a la pelota (que no hacer deporte) gratuito, y accesible. Han eliminado a los niños de la calle, o si no lo han hecho serán muy pronto los vecinos los que les empezarán a reprochar que no cumplen ustedes mismos la ley que han aprobado para que los vecinos estén más tranquilos o no se moleste a los que toman cafés en las terrazas (en invierno más bien pocos).

EFECTO COLATERAL 2: los problemas que ocasionaban los niños patinando eran NINGUNO y su normativa al aplicarse tiene NINGÚN efecto de mejora en la escena urbana o en la convivencia.

CONCLUSIÓN: con la aplicación de la normativa (que no permite ni que los padres firmen y se hagan responsables de que sus hijos jueguen a la pelota en la calle) los niños y niñas de La Almunia se tienen que esconder para jugar o irse a no se sabe muy bien dónde a patinar porque no hay tampoco ninguna pista de patinaje libre en todo el pueblo. El espacio público de La Almunia -la calle- se ha identificado como un espacio problemático y se ha puesto una prohibición que impedirá a los niños socializarse (aprender destrezas y límites, compartir espacios, gestionar y resolver los normales conflictos de la convivencia).

(HACE 3 AÑOS QUE LOS MENORES NO ENTRAN A LOS BARES Y 1 AÑO DESDE QUE NO PUEDEN ENTRAR EN LAS VERBENAS O ESPECTÁCULOS DONDE SE VENDA ALCOHOL)

Tan sólo hace unas horas que finalizaron las fiestas de San Sebastián, en las que como en Nochevieja los niños menores de 18 años no pueden entrar solos en el recinto de los conciertos o discomóvil. Salvo que sus padres se hagan responsables de su seguridad y bienestar –incluyendo con ello la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como alcohol, tabaco o estupefacientes– de los daños que pudieran padecer o provocar y de los daños que ocasionen a personas, cosas o bienes. Eximiendo con ello al Ayuntamiento que organiza el evento de cualquier responsabilidad.

Hace ya varios meses (casi 3 años si no recuerdo mal), en que se prohibió la entrada de menores a los bares y pubs, por la aplicación de la normativa de carácter estatal (casualmente con mucho rigor en La Almunia y con mayor laxitud en otros pueblos de la «rodeada»). En el caso del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, son los padres los responsables, tanto en la calle como en los establecimientos.

EFECTO COLATERAL 1: los adolescentes y jóvenes, con mucha iniciativa y criterio han comenzado a organizarse para tener sus propios espacios donde estar con sus amigos haciendo aquello que ni en los bares ni en las verbenas pueden hacer: escuchar música, consumir alcohol, tabaco y otras sustancias. Los responsables son los padres.

EFECTO COLATERAL 2: las peñas molestan a los vecinos de su alrededor, porque ya no sólo necesitan un sitio en fiestas, es que se les está privando de espacios propios donde estar (en el espacio joven o bien no hay programación adecuada o bien habrá que pagar 72 € al año o 3 € por sesión), con lo que aumentan las denuncias a la policía o la guardia civil.

EFECTO COLATERAL 3: si no están en las peñas, no tardando mucho habrá botellón masivo y organizado en La Almunia, -eso sí, en parques o zonas ocultas a la vista- aunque imagino que ya sabrán que ya estas últimas fiestas ya ha habido con riesgo incluso para propiedades particulares.

CONCLUSIÓN: la aplicación de la normativa (que esta vez no ha sido creada por ustedes, menos mal) genera el aumento de las peñas «de todo el año» con el aumento de la preocupación en los padres por la seguridad de sus hijos y por las consecuencias para vecinos. Y no hace descender el consumo de alcohol –por ejemplo– porque probablemente el acceso al mismo es más fácil fuera que dentro del bar. Y como no han pensado cómo atender al complejo problema social y de convivencia que esta norma iba a provocar ahora sólo podrán gestionar lo mejor que puedan las denuncias.

Lógicamente ya puedo imaginarme cuál será la próxima prohibición o la próxima normativa que querrán sacar: poner una edad mínima para hacer peña, exigir a los propietarios de locales alquilados o a las mismas peñas que insonoricen los locales, o mandar a las peñas al polígono industrial para que no molesten a los pobres vecinos que las aguantan. Aunque conociendo su forma de hacer las cosas sin contar con nadie ni medir las consecuencias, seguro que logran sorprendernos.

Eso sí, se quitarán sus responsabilidades, y las dejarán sólo en manos de sus padres.

Así nos va en La Almunia. Y así le va a la infancia y la juventud.

El próximo 22 de febrero se cumplirán 5 meses sin poder jugar a la pelota en la calle.

(Si crees que compartiendo este texto se pueden evitar los efectos colaterales, compártelo)

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Pegallo. LIBERTÁ MULLERS

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA EN CONTRA DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA, POR EL QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN APROBADA CON LOS VOTOS FAVORABLES DEL GRUPO INDEPENDIENTE, CHA, CDL Y PSOE (7), Y CON LOS VOTOS EN CONTRA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PP (6).

EXPOSICIÓN

El objetivo de un Gobierno debe ser procurar soluciones a los problemas, sin embargo, en el caso del PP, el Gobierno del Estado Español no hace sino crear problemas donde no los había, teniendo como fin último la restricción de los derechos y libertades.

Junto a estas restricciones, se legisla para evitar la defensa de los derechos y libertades por parte de la ciudadanía. Las tasas judiciales para alejar el derecho de acceso a la justicia a buena parte de la población o la anunciada ley de seguridad ciudadana destinada a impedir que pueda manifestarse la libre opinión, son ejemplos del retroceso constante que están suponiendo las decisiones del PP, y que nos llevan a épocas pasadas que parecen añorar, en las que el aborto estaba restringido a las mujeres que podían pagarlo, exponiendo al resto que no podían a embarazos no deseados o a abortar en terribles condiciones.

En este marco, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.

La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad.

Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.

El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.

En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres.

Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y «grave peligro para la vida o la salud» de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.

Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.

Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de CHA plantea la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de La Muela ACUERDA:

PRIMERO-. Rechazar el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros porque restringe derechos fundamentales de las mujeres, solicitando su retirada inmediata.

SEGUNDO-. Solicitar que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres.

TERCERO-. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno del Estado Español, al Gobierno de Aragón y a los Grupos Políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

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Ricla (Valdejalón)Vía El Periódico de Aragón

El área de Bienestar del Ayuntamiento de Ricla ha puesto en marcha un taller dedicado a personas mayores con discapacidad cognitiva. La concejal responsable del área, Elvira Fiances Espés (CHA), ha explicado que «al organizar este taller no sólo se ha pensado en las personas con discapacidad que acuden al mismo, también se han tenido en cuenta, y mucho, a todos esos cuidadores, normalmente mujeres, que viven esclavos de estas situaciones«.

Fiances ha señalado que «este taller es pionero en Ricla y no supone ningún coste para los usuarios, gracias a una subvención de Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) que asciende a 2.760 euros«.

El programa está dirigido a personas mayores con discapacidad cognitiva debido a diferentes afecciones y la finalidad del mismo es proporcionar terapia rehabilitadora para, fundamentalmente, frenar el deterioro neurológico en la medida de lo posible, activando las capacidades cognitivas, perceptivas, sensoriales, lingüísticas y físicas de estas personas, además de ofrecerles un espacio donde interactuar con otras, facilitando la comunicación y el intercambio de experiencias.

La concejala de CHA ha explicado que la metodología que se está utilizando es activa y participativa. «Lo que queremos es que desde una perspectiva comprensiva del problema que afecta a estas personas se preste una atención individualizada», ha apuntado.

Elvira Fiances Espés ha detallado que además se trabajará con las familias para proporcionarles información y pautas de atención que ayuden a mejorar el ambiente familiar y la labor de cuidado de estas personas.

El taller tiene lugar de lunes a jueves y la intención es prolongarlo en años sucesivos. «Desde CHA consideramos que las ayudas a la dependencia son fundamentales«, ha subrayado.

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El portavoz de CHA en La Almunia, Juanjo Moreno, mostró en el último pleno su preocupación ante la posible desaparición de los Centros de Profesores y Recursos, centros fundamentales para el desarrollo educativo en el mundo rural. En este sentido el portavoz de CHA, y ante la negativa de Alcaldía de incluir una moción conjunta de CHA y PSOE, presentada con carácter de urgencia ante las últimas noticias, preguntó oralmente sin obtener respuesta alguna.

Moreno sostiene que estos centros, contemplados en la LOGSE, “tienen como finalidad la de reunir a todos los profesionales de la zona o ámbito y ser un espacio de intercambio, comunicación, experimentación e investigación, y por lo que sabemos la idea de Educación del Gobierno de Aragón es suprimirlos, lo que haría mucho daño al mundo rural”.

Moreno sostiene que estos centros funcionan también como dinamización de comarcas como la de Valdejalón, Cariñena, el Aranda, Daroca y Calatayud, atendiendo a más de 60 poblaciones y 48 centros educativos. Moreno ha explicado que “en el ámbito local, en la Almunia de Doña Godina y a través de la colaboración y coordinación con los diferentes organismos e instituciones, el CPR ha organizado o colaborado en numerosas actividades culturales y conferencias con asociaciones como Centro de Estudios Almunienses, La Asociación Florián Rey o la Asociación de Mujeres “Teresa Laviaga”.

El portavoz de CHA recuerda que ya el pasado mes de enero el grupo parlamentario preguntó a la consejera, Dolores Serrat, sobre el futuro de estos centros, tras haber trascendido que éste fue uno de los temas tratados en el grupo de trabajo sobre Educación, creado por el Gobierno, y en el que se pudo plantear esa desaparición.

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