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ESTE JUEVES, A LAS 20.00 HORAS, HABRÁ PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

pleno-ordinario-23-02-17

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Artículo publicado en la revista Ecos del Cinca de Monzón

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Es necesario que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

Imanol Arteaga concejal de CHA en el Ayuntamiento de Ricla ha visto como su nombre estaba últimamente en los medios de comunicación por haber denunciado públicamente que lo habían intentado comprar para que permitiera determinadas actuaciones urbanísticas en este municipio a cambio de 150.000 €. El empresario José Ansó Ansó, ha reconocido que sometió al edil a un auténtico acoso y que intentó sobornar al concejal de CHA. Pero le salió mal: el concejal lo denunció y la Guardia Civil lo detuvo como presunto autor de un delito de cohecho que finalmente le ha costado una pena de dos años de prisión y una multa de 150.000 €. Esta es una prueba de que no es cierto que todos los partidos seamos iguales. En absoluto.

Mientras a las gentes de CHA se nos “abren las carnes” ante el espectáculo bochornoso de ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 €. Todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada?.

Por desgracia, en estos últimos años, los partidos que gobiernan Aragón, PSOE y PAR, se están preocupando en primer lugar por sus sillones, y para colmo tanto ellos como el PP, digan lo que digan, están permitiendo que personas con graves imputaciones por delitos de corrupción sigan en sus puestos, aquí, en Aragón, como sucede en La Muela, y en otros puntos del Estado. ¿A qué juegan?.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Por culpa de los escándalos de corrupción, y por culpa de la falta de contundencia de los partidos políticos implicados, la actividad política está sufriendo un grave desprestigio que debilita fundamentos primordiales de nuestro sistema democrático. Los partidos políticos somos diferentes, aunque todos acabamos dentro del mismo saco, por desgracia. Y hoy se ha demostrado en las Cortes que somos diferentes y que nos tomamos el tema de la corrupción de forma también diferente (por decir algo): PSOE, PP y PAR van por un lado… pero ese no es el camino de CHA.

Desde multitud de sectores sociales se está esperando que los partidos políticos aprovechemos cualquier resquicio en contra de la corrupción. Por ética. Pero el PSOE, el PP, y el PAR no están por la labor. Ya puede estar tranquila la alcaldesa de La Muela, desde luego… Y Camps, y Matas, y los implicados en la trama Gürtel, y Fabra, etc. etc. etc.

Hoy han votado en contra de la propuesta de CHA para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público. Los jueces deberían contar con instrumentos jurídicos suficientes para apartar de inmediato de la gestión pública a quienes cometen hechos presuntamente delictivos aprovechándose de sus empleos o cargos públicos. Y no los tienen.

Hoy por hoy, la ley permite la prisión provisional pero no permite que se aparte a estas personas de sus cargos. Conclusión: HAY QUE CAMBIAR LA LEY. Nuestra propuesta parlamentaria era muy clara: si estamos de acuerdo en combatir la corrupción, pongámonos de acuerdo también para modificar la ley. Cambiemos las reglas del juego.

Los grupos parlamentarios tenían que votar esta mañana si se tomaba en consideración la propuesta de CHA, y ni eso han querido PSOE, PP y PAR. Si hubiera salido adelante, se habría abierto el debate y cada grupo habría tenido la oportunidad de presentar enmiendas para mejorar el texto. Pero ninguno de estos partidos han querido abrir el debate ni entrar de lleno en el fondo de la cuestión. ¿POR QUÉ? Pues eso…

Cada vez que los medios de comunicación informan sobre los problemas y situaciones escandalosas que se viven en el ayuntamiento de La Muela, o da vez que nos trasladan declaraciones de su alcaldesa, Mª Victoria Pinilla, todo el mundo se lamenta, se indigna y se rasga las vestiduras en público. ¡Ja!

¿Qué piensan en el PSOE, en el PP y en el PAR cuando leen las declaraciones de la alcaldesa de La Muela afirmando que no tiene intención de dimitir y que no dejará su cargo salvo que un juzgado la inhabilite o que ella misma decida irse?

Si jueces y tribunales pueden privar provisionalmente de su libertad a las personas encausadas –el bien jurídico más preciado- (que implica privación provisional del ejercicio de su empleo o cargo público), es lógico que también puedan privarles del ejercicio de su empleo o cargo público para proteger el interés general. A mi modo de ver, le debería parecer lógico a cualquiera con dos dedos de frente y una mínima ética política. Pero los diputados y diputadas del PSOE, del PP y del PAR han coincidido con su voto en contra.

Las excusas no han podido ser más peregrinas: que si se vulnera la presunción de inocencia (opinión del PP, que preferiría prolongar la prisión preventiva… ¿vulnera la presunción de inocencia apartar a alguien de su puesto y no la vulnera meterno en la cárcel?…

… que si las Cortes no son el foro adecuado -dice el PSOE, que preferiría, al parecer, más participación institucional (¿estarán pensando en la ONU, tal vez?)-…

… que si ésta no es la fórmula adecuada –PAR dixit, que es cierto que tiene experiencia en militantes imputados por delitos de corrupción…-

… que si en realidad nuestro grupo no tenía intención de solucionar nada… etc. Una vergüenza, de verdad.

Un sinfín de excusas a cual más mala para no mojarse. ¿Qué hubieran perdido PSOE, PP y PAR votando a favor? ¿A quién habrían perjudicado? ¿Qué problema tienen el PSOE y el PP en que este tema acabe llegando al Congreso de los Diputados, que es la única institución que puede modificar la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal?

Desde el G.P.CHA intentamos hacer todo lo que tenemos en nuestra mano para devolver la dignidad pública a la actividad política. Unos cuantos ejemplos deleznables (por mucho que hayan sido ensalzados en el pasado dentro, incluso, de las Cortes, como ha sucedido con la alcaldesa de La Muela como alcaldesa del PAR) no deben empañar el gran trabajo realizado por la mayor parte de los cargos públicos.

Pero lo cierto es que cada vez que sacamos a relucir el tema de La Muela huele mal, pero hoy el hedor era insoportable en las Cortes de Aragón por culpa de la actitud cobarde de los grupos parlamentarios PSOE, PP y PAR. ¿Qué o a quién protegen unos y otros?

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PP, PSOE y PAR han votado hoy en contra de tomar en consideración la Proposición de Ley de CHA de reforma de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el Juez instructor pueda suspender provisionalmente de su cargo público a los imputados por delitos de corrupción. Sólo IU ha apoyado la propuesta.

La iniciativa legislativa, que de haberse aprobado se hubiera tramitado en Cortes y luego remitido a las Cortes Generales (las competentes para modificar una ley orgánica) ha quedado rechazada. En el último año, los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón, PSOE y PAR, ya han rechazado una declaración general contra la corrupción, la disolución del Ayuntamiento de La Muela o la personación del Gobierno de Aragón en esta causa. En este caso, además, se les ha unido el PP.

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha lamentado profundamente que ni PP ni PSOE ni PAR hayan querido actuar con gestos concretos contra la corrupción y en defensa de los intereses generales, como la sociedad está demandando y como necesita la propia actividad política para no seguir desprestigiándose. “No sé qué están ustedes protegiendo”, ha señalado Ibeas, “pero están haciendo uno flaquísimo favor al sistema democrático”.

El Partido Popular ha considerado la iniciativa de CHA “un brindis al sol” y ha acusado a CHA de no querer, en realidad “solucionar el problema” de la corrupción, diciendo incluso que lo que se pretendía era “recuperar la antigua ley de vagos y maleantes”. Para el PP, suspender provisionalmente el ejercicio del cargo público podría suponer la vulneración de la presunción de inocencia, aunque consideran que este principio no se vulnera si el juez envía provisionalmente a los imputados a la cárcel, una contradicción que Nieves Ibeas les ha echado en cara en su réplica.

Por su parte, los grupos que apoyan al Gobierno, se han escudado en “excusas malas, malas, malas”, como las ha calificado Ibeas. El portavoz del PAR ha afirmado que la propuesta respondía a criterios de “oportunidad” y que no se podía “legislar a la ligera”. Y el del PSOE ha considerado que las Cortes no es el foro adecuado para esta reforma legislativa porque es necesario “un foro más participativo” con representación de todas las instituciones. La presidenta de CHA ha mostrado su preocupación por este argumento del PSOE que quita toda legitimidad a las Cortes como institución representativa de la ciudadanía y cuestiona su capacidad legislativa para concluir, irónicamente: “si no le parecen suficientemente representantivas, si le parece buscamos también en otros planetas a extraterrestres para garantizar la participación planetaria”.

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Vía CHA en la Aljafería

Este es un artículo de opinión de la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, sobre las motivaciones y objetivos de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público presentada por el grupo parlamentario y cuya toma de consideración se debatirá mañana, 3 de junio, en el pleno de las Cortes:

Es un espectáculo bochornoso ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada? Ésta es la pregunta recurrente que todo el mundo nos hemos hecho durante este año.

Con la legislación vigente, Pinilla sólo dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si dimitiera, si prosperara una moción de censura o si se disolviera el Ayuntamiento de La Muela. Está claro que ella no piensa dimitir y que los concejales que la apoyan no le van a retirar su confianza. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo forman, PSOE y PAR, se niegan a iniciar los trámites para que el Gobierno central disuelva ese Ayuntamiento, como hizo en su día con el de Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse nada?

En Chunta Aragonesista creemos firmemente que las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si éstos resultan insuficientes, habrá que buscar nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley actual no permite a los jueces apartar inmediatamente de la gestión pública a un cargo imputado por corrupción, hay que cambiar la ley. Es así de sencillo.

Esto es precisamente lo que propondremos mañana al resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción. Si los jueces, mediante la prisión provisional, pueden privar de su libertad a una persona imputada, ¿por qué no van a poder apartarla de su cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general, cuando haya evidencias fundadas de que lo ha utilizado en provecho propio?

Por supuesto, los jueces sólo podrían acordar la suspensión provisional del ejercicio de un cargo público con las máximas garantías procesales y siempre que concurran tres requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza. En definitiva, proponemos los mismos requisitos y garantías procesales que la ley ya prevé para acordar la prisión provisional, sin que nadie plantee que esa privación preventiva de libertad vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Si conseguimos que una mayoría suficiente de diputados y diputadas de las Cortes de Aragón esté dispuesta mañana a tramitar nuestra iniciativa, se abrirá un plazo de enmiendas y debate y, entre todos los grupos parlamentarios, elaboraremos un texto definitivo que se remitirá al Congreso de los Diputados, único competente para aprobar cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo esencial, por tanto, es que todos los partidos coincidamos en la necesidad de que los jueces puedan apartar de forma inmediata de las instituciones a los corruptos. Si todos compartimos este principio, no hay duda de que llegaremos a un acuerdo.

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Pretendemos, en definitiva, que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

La política es una actividad digna y quienes nos dedicamos a ella no podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas nos pongan a todos bajo sospecha. No podemos rendirnos ante la corrupción. Actuemos.

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Es un espectáculo bochornoso ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada? Ésta es la pregunta recurrente que todo el mundo nos hemos hecho durante este año.

Con la legislación vigente, Pinilla sólo dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si dimitiera, si prosperara una moción de censura o si se disolviera el Ayuntamiento de La Muela. Está claro que ella no piensa dimitir y que los concejales que la apoyan no le van a retirar su confianza. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo forman, PSOE y PAR, se niegan a iniciar los trámites para que el Gobierno central disuelva ese Ayuntamiento, como hizo en su día con el de Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse nada?

En Chunta Aragonesista creemos firmemente que las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si éstos resultan insuficientes, habrá que buscar nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley actual no permite a los jueces apartar inmediatamente de la gestión pública a un cargo imputado por corrupción, hay que cambiar la ley. Es así de sencillo.

Esto es precisamente lo que proponemos al resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción. Si los jueces, mediante la prisión provisional, pueden privar de su libertad a una persona imputada, ¿por qué no van a poder apartarla de su cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general, cuando haya evidencias fundadas de que lo ha utilizado en provecho propio?

Por supuesto, los jueces sólo podrían acordar la suspensión provisional del ejercicio de un cargo público con las máximas garantías procesales y siempre que concurran tres requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza. En definitiva, proponemos los mismos requisitos y garantías procesales que la ley ya prevé para acordar la prisión provisional, sin que nadie plantee que esa privación preventiva de libertad vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Si conseguimos que una mayoría suficiente de diputados y diputadas de las Cortes de Aragón esté dispuesta a tramitar nuestra iniciativa, se abrirá un plazo de enmiendas y debate y, entre todos los grupos parlamentarios, elaboraremos un texto definitivo que se remitirá al Congreso de los Diputados, único competente para aprobar cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo esencial, por tanto, es que todos los partidos coincidamos en la necesidad de que los jueces puedan apartar de forma inmediata de las instituciones a los corruptos. Si todos compartimos este principio, no hay duda de que llegaremos a un acuerdo.

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Pretendemos, en definitiva, que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

La política es una actividad digna y quienes nos dedicamos a ella no podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas nos pongan a todos bajo sospecha. No podemos rendirnos ante la corrupción. Actuemos.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Marcelino Iglesias tenía que haber participado hoy en el debate sobre la corrupción política en Aragón, pero ha llegado cinco minutos tarde, signo de que declinaba el ofrecimiento. Por 1ª vez, PSOE y PAR han aceptado que se incluyera una comparecencia sobre corrupción en el Pleno… y se la aceptan precisamente al PP, en una semana aciaga para el proyecto de Rajoy. ¿Casualidad? ¡No!… ya sabían bien el PSOE y el PAR lo que hacían, desde luego… Y no se hablaba de “La Muela” ni de “Asael” en la pregunta…

El consejero de Presidencia, Javier Velasco, en quien ha delegado hoy Iglesias, ha declarado que no entendía la razón de ser de la comparecencia. Entonces, ¿por qué la han aceptado? Está claro que no es porque ni el PSOE ni el PAR tengan vocación de mártires… No aceptan el debate si lo solicita CHA, pero ya saben que esta semana les convenía –incluso- entrar en el juego, con un PP de capa caída, profundamente desacreditado.

En vez de pensar en intentar devolver a la ciudadanía la confianza en nuestro sistema político, han preferido entrar en un juego apetecible, porque también es paradójico que el PP quiera exigir el cumplimiento de un código ético que no se aplican ellos mismos. Y, mientras tanto, el ayuntamiento de La Muela sigue dirigido por varias personas que tienen un buen montón de imputaciones graves, con la alcaldesa Mª Victoria Pinilla a la cabeza, que tras cuatro meses en la cárcel salió previo pago de la friolera de 800.000 euros de fianza… Esto no lo entiende nadie en la calle –salvo, en todo caso, quienes estén beneficiándose de la situación- porque es un auténtico sinsentido.

Si Velasco no entendía la razón de ser de la comparecencia pedida por el PP, que se lo digan a nuestro grupo parlamentario: nos han rechazado en 16 ocasiones 3 solicitudes para que el presidente Iglesias comparezca para hablar de las responsabilidades políticas de su Gobierno y de la Administración aragonesa en el caso de La Muela). Tenemos pendientes desde hace meses otras 3 solicitudes de comparecencias del Gobierno en las comisiones de Obras Públicas, de Medio Ambiente y de Industria, en las Cortes, pero no comparecen. Llevamos casi un año esperando los informes del INAGA sobre cuestiones medioambientales relacionadas con proyectos urbanísticos en La Muela… y aquí estamos.

El Gobierno insiste en la “normalidad” que se vive en Aragón, pero debe de ser porque no se pasan por La Muela. Que les pregunten a quienes critican la gestión del equipo de Pinilla cómo lo viven allí, y lo verán claro. Y que valoren las actitudes y declaraciones chulescas de cargos públicos que han sido ensalzados como modelo de gestión municipal, hasta hace no demasiado tiempo, por los jefes de filas del PAR, sobre todo por su presidente, José Ángel Biel, su secretario general, Alfredo Boné… y hasta por el propio Marcelino Iglesias.

Los escándalos y las crisis políticas están presentes en diversas comunidades implicadas en tramas corruptas, y los medios de comunicación están dando buena cuenta de ello, con gente implicada del PP, de Unión Mallorquina, del Partido Socialista Catalán, del PNV… y, mientras tanto, los máximos responsables políticos de todos estos partidos intentan capear el temporal como pueden. Secretos a voces, en casi todos los casos, sin embargo. Como en Aragón, por otra parte. Como en La Muela.

Aquí, en Aragón, lo que ha sucedido en La Muela desde el punto de vista urbanístico, ¿ha sido ajeno al Gobierno o a la Administración? Cada vez que se ha vendido suelo público municipal en La Muela, ¿no es porque alguien, desde un puesto o cargo público, lo ha tenido que autorizar? Y ese alguien, ¿depende o no del departamento de Política Territorial, Justicia e Interior (PAR), y antes, de la Vicepresidencia del Sr. Biel, presidente del PAR? Hoy, Biel quieto en la mata, y Rogelio Silva, el consejero, ausente.

Cada vez que se ha aprobado un planeamiento urbanístico en La Muela, ¿no la ha tenido que autorizar la comisión provincial de Ordenación del Territorio? Hoy lo ha reconocido expresamente el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Alfonso Vicente (PSOE).

¿Quién decide que se exime o no de Estudio de Impacto Ambiental a un proyecto urbanístico? ¿No tiene nada que ver el departamento de Medio Ambiente, con el consejero Boné a la cabeza? ¿No tiene nada que ver el INAGA? ¿No es curioso que se obligara al ayuntamiento de Zaragoza a ese requisito para un camping municipal y se exima en el caso de la venta de 200 hectáreas en La Muela, o que llevemos casi un año sin recibir una información que tenía que habernos llegado en tres semanas?

Aquí, en Aragón, el PP acusa al Gobierno de inacción, pero fuera, ante las últimas noticias sobre Bárcenas, Esperanza Aguirre declara que esperan “a que se pronuncie el juez”; la secretaria general del PP, Cospedal, les resta importancia, y su presidente, Mariano Rajoy, señala que “hay que esperar al Supremo”. ¿No es lo que le critican en Aragón a Iglesias?

Por su parte, la vicepresidenta 1ª del Gobierno de Zapatero, Teresa Fernández de la Vega (PSOE) , manifiesta que “los políticos están obligados a dar explicaciones y a adoptar una posición más firme ante la corrupción”, como reacción a la tibieza de Rajoy. Y lo dice, aunque las personas imputadas no estén condenadas… mientras que el PSOE aragonés, más cauto por lo que le toca, opta por esperar las sentencias. Es más, su secretario general en Aragón, Marcelino Iglesias, insiste en que “los jueces son los que tienen que juzgar”. Todos barriendo para casa.

En cuanto al PAR, mejor ni hablar. Deben de pensar que cuanto menos se les oiga, con la que está cayendo, mejor… pero no es fácil olvidar a Biel, bien tieso, defendiendo a Mª Victoria Pinilla en tiempos en los que CHA ya levantaba la voz de alarma por la forma de gestionar de esta mujer y de su entorno.

A las personas que estamos en política nos juzga cada día la ciudadanía, y tenemos la obligación de ser intachables. No se está en política para engordarte los bolsillos, sino para trabajar por la ciudadanía. No hay más. Y esto no tiene que ver con aciertos o errores en decisiones políticas, que todo el mundo las tiene. Hablamos de otra cosa, hablamos de que no se debe estar en política para sacar rendimiento económico personal o partidista. Y los mensajes en la calle son confusos por culpa de muchas actitudes de los partidos políticos implicados en casos de corrupción.

Así que más vale que nos pongamos todas las formaciones manos a la obra para intentar devolverle a la gente su confianza en la actividad política y en el propio sistema democrático.

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