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El Periódico de Aragón. 15.12.14

Para más información podéis leer nuestro artículo “Donde dije digo, digo Diego… Parte cuarta de la Crónica del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de La Muela de 27 de noviembre de 2014“, publicado con fecha de 7 de diciembre de 2014 en este BLOG.

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Siempre nos quedará El Justicia de Aragón...

Siempre nos quedará El Justicia de Aragón…

Cuando a principios de este año, el Gobierno Municipal del PP –gracias a las abstenciones de los Concejales del CDL y del PSOE– aprobó el Presupuesto para el Ejercicio 2014, habiendo rechazado previamente las cuarenta enmiendas presentadas por el Grupo Municipal de CHA a las cuentas municipales, una de las enmiendas rechazadas, concretamente la ENMIENDA NÚMERO 31, la misma decía:

ENMIENDA NÚMERO 31. A causa de la CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA, que está arrasando el Estado de Bienestar, tanto en Aragón, como en el Estado Español, muchas familias están pasando situaciones verdaderamente dramáticas, por falta de recursos económicos.

Uno de los sectores más afectados por esta CRISIS es la infancia, es decir, las niñas y los niños, uno de los estratos más vulnerables. Desgraciadamente, nuestro PUEBLO también se está viendo afectado, y no poco, por la CRISIS, existiendo niñas y niños que van al Colegio sin desayunar, sin material escolar, etc…, por lo que consideramos muy necesario, habilitar una Partida Presupuestaria para AYUDAS SOCIALES PARA NIÑOS/AS EN LA MUELA, cuya gestión de la misma, sea realizada por el CEIP “Gil Tarín”, y los Servicios Sociales, sean de la Comarca de Valdejalón o del Gobierno de Aragón, para que los criterios de reparto, se hagan de acuerdo a criterios y baremos justos…”.

Pues bien, en el Pleno que tuvo lugar el pasado día 27 de noviembre de 2014, el Equipo de Gobierno del PP metió un punto en el orden del día –por urgencia-, para realizar una modificación de créditos del presupuesto para este mismo objetivo, con la misma propuesta de gestión que la planteada por el Grupo Municipal de CHA en las ENMIENDAS que habíamos presentado “curiosamente” hacía un año justo.

La diferencia estriba en que los Concejales del Grupo Municipal de CHA votamos a favor de esta iniciativa que salió aprobada por unanimidad, y que hace unos meses, con las abstenciones de unos, y los votos en contra de otros (PP), esta misma “iniciativa” fue rechazada, hecho que demuestra la “altura de miras” que existe muchas veces en este Consistorio.

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Ahora que todas las formaciones políticas –las nuevas, y las menos nuevas…– están hablando día sí, y día también, de regeneración, transparencia, lucha contra la corrupción, etc, solamente queremos recordar que hace cuatro años, para ser más exactos, el 15 de septiembre de 2010, el SENADO rechazó una iniciativa de CHA contra la corrupción, presentada a través del Senador del Bloc per Mallorca i PSM-Verds, Pere Sampol Mas. Solamente hubo un voto a favor, el del propio Senador, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el sentido de que los/as jueces/as puedan apartar de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción, de forma provisional, ya que resulta incomprensible que un juez/a puede mandar a la cárcel a una persona imputada, pero no puede apartarla del cargo público que ostenta. Apelando a la presuncio de inocencia, fue la excusa que tuvieron el resto de senadores/as para rechazar esta propuesta, que había sido avalada por el Juez Decano de Zaragoza, Ángel Dolado, y El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente. Así lo contaba, Nieves Ibeas Vuelta, entonces Presidenta Nazional de CHA y Diputada de CHA en las Cortes de Aragón.

CONTRA LA CORRUPCIÓN, ¿SOMOS BICHOS RAROS? POR NIEVES IBEAS VUELTA, PRESIDENTA NAZIONAL DE CHA Y DIPUTADA DE CHA EN LAS CORTES DE ARAGÓN

El Senado ha dicho no a la iniciativa de CHA contra la corrupción. Es incomprensible que un juez pueda enviar provisionalmente a la cárcel a un cargo público imputado por delitos de corrupción, de forma provisional, y que, sin embargo, no pueda apartarle de su cargo público, también de forma provisional, sin tener que mandarle a la cárcel.

Pero más incomprensible me parece que un partido político que dice que hay que combatir la corrupción, vote en contra de una propuesta para que los jueces puedan apartar de su cargo público a una persona imputada por delitos de corrupción, siempre de forma provisional, mientras dura la instrucción correspondiente, con la excusa de que se atenta contra la presunción de inocencia.

¿Desde cuándo atenta más a la presunción de inocencia apartar provisionalmente de su cargo público a una persona imputada de corrupción que enviarla a la cárcel? Que me lo explique alguien, porque yo ya no entiendo nada.

Hoy se debatía en el Senado la toma en consideración de nuestra Proposición de Ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este sentido, gracias a que el Bloc per Mallorca i PSM-Verds la ha defendido como propia, a quien quiero agradecer expresamente desde aquí, y, de forma muy especial, al senador proponente, Pere Sampol Mas. El resto la han votado en contra o se han abstenido, es decir, que han rechazado la posibilidad de que se abriera un proceso de debate parlamentario para lograr un texto común, mejorado, que es lo que, en términos parlamentarios, significa una “toma en consideración”.

¿Tanta gente puede pensar que Mª Victoria Pinilla, alcaldesa de La Muela, Camps, presidente de la Comunidad Valenciana,  y compañía están mejor en sus puestos políticos que en su casa, mientras dura la instrucción judicial? ¿Incluso  sabiendo todo lo que ha salido a la luz hasta el momento…?

No me lo puedo creer, pero cuando ves los resultados de las votaciones en las Cortes o ahora en el Senado, es descorazonador. Más vale que tengo más moral que el Alcoyano, igual que el resto de mis compañeros y compañeras de CHA, porque es el colmo.

¿No será que los políticos y los partidos políticos van por un lado (en este caso, me niego a decir “vamos” ) … y la ciudadanía va por otro?

Nosotros seguimos pensando que los partidos políticos tenemos la obligación de explorar todas las fórmulas contra la corrupción, porque cosas así son las que pueden ayudarnos a recuperar nuestra credibilidad y la confianza de la ciudadanía.

Votaciones como la de hoy en el Senado, de rebote, le hacen un flaco favor a la Justicia, que ahora no puede responder como debería hacerlo porque no lo permite la Ley.

Cuando presentamos esta iniciativa en Aragón, la propuesta fue bien acogida en círculos judiciales. De  hecho, el Juez Decano de Zaragoza, Ángel Dolado, manifestó públicamente que la consideraba “factible y positiva”. Y el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, también se mostró favorable. Desde aquí les reitero públicamente el agradecimiento de CHA por haberse atrevido a decir lo que dijeron.

Las leyes no las hacen los jueces, sino los parlamentos. Y en el tema de la corrupción hace falta que se legisle para que los jueces puedan combatirla con más instrumentos y, por tanto, con más eficacia. Frenar esta iniciativa significa frenar muchas cosas… Y seguro que hay quien se tomará hoy una copita para celebrar que nuestra propuesta no haya salido adelante.

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José Luis Soro Domingo, Presidén Nazional de CHA

Reducir el límite de los gastos electorales, desbloquear las listas de candidatos, que los programas electorales sean un compromiso vinculante con la ciudadanía, modificar el sistema electoral, sustituyendo el actual método D’Hondt por otro más proporcional, ampliar el derecho de sufragio activo a las personas mayores de 16 años, declarar inelegibles a las personas imputadas judicialmente por delitos de corrupción o contra las que se haya abierto juicio oral en el orden penal, y establecer la prohibición legal de que los Diputados a Cortes de Aragón perciban retribución alguna a cargo de los partidos políticos.

Estas son las propuestas para la Reforma de la Ley Electoral de Aragón que el portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes, José Luis Soro, ha registrado hoy en una iniciativa parlamentaria que será debatida este próximo mes de octubre. “Ninguna de estas medidas necesita la modificación del Estatuto de Autonomía, y las planteamos de modo suficientemente abierto para que se puedan alcanzar consensos“, ha explicado.

Soro solicita al Gobierno de Aragón que incluya estas cuestiones en un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Electoral de Aragón, de 1987, para que después se produzca el debate y tramitación parlamentarios y la nueva ley pudiera entrar en vigor para la próxima cita autonómica del 24 de mayo de 2015. “Creemos que hay tiempo suficiente y que no podemos esperar cinco años más a abordar esta reforma“, ha señalado.

Tal y como señala el portavoz de CHA en los antecedentes de su proposición de ley, el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de junio de 2014 sitúa a la corrupción como una de las tres principales preocupaciones de la ciudadanía, junto con el paro y los problemas de índole económica. Pero, además, ese barómetro refleja una realidad muy preocupante: una amplia mayoría percibe como un problema a “los políticos en general, los partidos políticos y la política”.

Por ello, ha explicado José Luis Soro, “la regeneración política es una necesidad perentoria en estos momentos, en Aragón y en el Estado español; los instrumentos de los que nos hemos dotado en democracia necesitan ser revisados y actualizados para responder a las reivindicaciones y aspiraciones actuales, para aumentar la participación, para empoderar de forma efectiva a la ciudadanía, convirtiéndola en verdadera protagonista, y para garantizar, en definitiva, la mayor calidad posible de nuestro sistema político y de representación parlamentaria“.

Soro insta también en la iniciativa a que las medidas que plantea puedan ser también aplicadas en las elecciones municipales, lo que exigiría la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

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Monolito Polígono Industrial Centrovía (3).jpg

Ayer, casi a la vez, mientras ardía y de qué manera, el monolito del Polígono Industrial Centrovía en La Muela, D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, presentaba su dimisión como Ministro de Justicia –y de todos sus cargos en el PP-, poco después que D. Marianoabortara” el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada –más conocido como el Anteproyecto de Ley del Aborto o “Ley Gallardón”-, por no haber encontrado el “consenso” suficiente para sacarlo adelante…

Muchas veces se argumenta, y principalmente desde los sectores más conservadores, que salir a la calle a manifestarse para reivindicar nuestros derechos –en este caso el derecho a decidir de las mujeres– no sirve para nada. Para nada sirve la LUCHA QUE SE ABANDONA, QUE ES LA QUE SIEMPRE SE PIERDE.

Desde CHA La Muela solamente queremos recordar que con nuestro pequeño “granito” de arena, también hemos contribuido a tumbar la “Ley Gallardón“, ya que gracias a una Propuesta de Resolución (DESCARGAR AQUÍ) presentada por nuestro Grupo Municipal, con los votos favorables del Grupo Municipal de CHA, CDL, PSOE y los Concejales no adscritos (7), EL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA RECHAZÓ EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL ABORTO (Solamente el Equipo de Gobierno, formado por el Grupo Popular, votó en contra).

ENTALTO AS MULLERS LUITADORAS!!!

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Corrupción. Súmate al NOEl aforamiento desmelenado que hay en España es injusto e innecesario”. Así lo ha afirmado hoy el Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, que ha registrado una iniciativa para “abrir el camino en aras del principio de igualdad y para acabar con este privilegio”. Ahora 10.000 personas, entre políticos, cargos públicos, jueces y fiscales pueden ser solo juzgadas por tribunales específicos en lugar de seguir las reglas establecidas con carácter general para toda la ciudadanía.

El próximo jueves 26 de junio, ante el pleno, Soro propondrá la reforma del Estatuto de Autonomía para que se suprima el aforamiento ahora establecido en para los 67 diputados y diputadas de las Cortes y los miembros del Gobierno de Aragón, que en esta legislatura son 10. El Portavoz de CHA ha reconocido que 77 personas de 10.000 es un porcentaje pequeño “pero se trata de empezar a actuar allá donde tenemos potestad para hacerlo, en Aragón, y sería un orgullo ser pioneros y que el debate que aquí suscitemos pueda proseguir y llegar a las Cortes Generales”.

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Chunta Aragonesista (CHA). Nota de Prensa. 05.06.14

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EL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA, EN DEFENSA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

IN MEMORIAM JUAN DE LANUZA V

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA EN DEFENSA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN (APROBADA POR UNANIMIDAD: PP, GRUPO INDEPENDIENTE, CHA, CDL Y PSOE)

EXPOSICIÓN

El Justicia de Aragón es una figura específica de Aragón que surge en el siglo XIII, como un “juez medio” entre el Rey y el Reino, o entre los Nobles entre sí y que, con distintas variantes, mantiene esas características, a las que añade en 1283 la Presidencia de las Cortes y va adquiriendo papeles de garante del derecho foral, lo que consta en las Cortes de Aragón de 1300. Desde 1348, es el intérprete de ese derecho. Y tenía la función de la “manifestación”, es decir, el amparo frente a jueces parciales para lo que tiene una cárcel especial de protegidos o manifestados, peculiaridad solo comparable al “habeas corpus” de la Carta Magna inglesa.

Es una figura que suscitó admiración en toda Europa para los pensadores políticos franceses del XVI y para los revolucionarios británicos del XVII, pues su acción amparó a la generalidad de la sociedad aragonesa.

La institución desapareció con la derrota aragonesa frente a las tropas del primer Borbón, Felipe V de Castilla, en 1707, pero siguió viva en el imaginario colectivo nacional. En 1821 se colocó en la Plaza del Justicia una lápida de homenaje a Juan de Lanuza V. En 1904 se erigió el monumento al Justiciazgo en la Plaza de Aragón por suscripción popular. En 1914 se trasladaron los restos de Juan de Lanuza de la Diputación a San Cayetano, donde descansan, en una gran manifestación popular.

El Justicia de Aragón, por lo tanto, no solo tiene nada que ver con el “defensor del pueblo autonómico”, ni surge con la II Restauración borbónica española de 1978. Es una institución propia de Aragón y como tal hay que entenderla. El actual es el sexagésimo noveno Justicia de Aragón.

La derecha española, ignorante de todos estos datos y en el marco de un proceso de ataque sistemático a la realidad plurinacional, de imprevisibles consecuencias, presentó en noviembre pasado un informe en el que, entre otras cuestiones, incluye medidas que atentan gravemente al autogobierno aragonés y a nuestras instituciones reconocidas en el artículo 32 del actual Estatuto de Autonomía y a organismos propios, como la Cámara de Cuentas (Art. 112 del EA), que no es sino heredera de la figura del Maestre Racional, creado en 1283, para fiscalizar la gestión económico-financiera y contable.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de CHA plantea la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Ayuntamiento de La Muela, consciente de la necesidad de defender el autogobierno y las instituciones aragonesas, frente a agresiones exteriores, ACUERDA:

1.- Mostar su profundo rechazo al informe de 18 de noviembre de 2013, elaborado por la subcomisión de duplicidades administrativas, creada en el marco de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, por entender que incluye medidas que atentan gravemente contra las instituciones y el autogobierno de Aragón.

2.- Instar a las Cortes de Aragón, al Gobierno y a su Presidenta, como representante del País, a defender el autogobierno y las instituciones de Aragón y trasladar su rechazo a dicho informe a la Administración del Estado.

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Pegallo. LIBERTÁ MULLERS

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA EN CONTRA DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA, POR EL QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN APROBADA CON LOS VOTOS FAVORABLES DEL GRUPO INDEPENDIENTE, CHA, CDL Y PSOE (7), Y CON LOS VOTOS EN CONTRA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PP (6).

EXPOSICIÓN

El objetivo de un Gobierno debe ser procurar soluciones a los problemas, sin embargo, en el caso del PP, el Gobierno del Estado Español no hace sino crear problemas donde no los había, teniendo como fin último la restricción de los derechos y libertades.

Junto a estas restricciones, se legisla para evitar la defensa de los derechos y libertades por parte de la ciudadanía. Las tasas judiciales para alejar el derecho de acceso a la justicia a buena parte de la población o la anunciada ley de seguridad ciudadana destinada a impedir que pueda manifestarse la libre opinión, son ejemplos del retroceso constante que están suponiendo las decisiones del PP, y que nos llevan a épocas pasadas que parecen añorar, en las que el aborto estaba restringido a las mujeres que podían pagarlo, exponiendo al resto que no podían a embarazos no deseados o a abortar en terribles condiciones.

En este marco, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.

La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad.

Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.

El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.

En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres.

Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y “grave peligro para la vida o la salud” de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.

Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.

Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de CHA plantea la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de La Muela ACUERDA:

PRIMERO-. Rechazar el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros porque restringe derechos fundamentales de las mujeres, solicitando su retirada inmediata.

SEGUNDO-. Solicitar que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres.

TERCERO-. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno del Estado Español, al Gobierno de Aragón y a los Grupos Políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

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