Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta
Tras 14 meses de espera, por fin el PSOE y el PAR accedieron a incluir en el orden del día de un pleno la solicitud de CHA para que compareciera Marcelino Iglesias e informara sobre las responsabilidades de su Gobierno y de la Administración autonómica en el caso de La Muela, así como sobre los mecanismos de control de la corrupción.
¿Por qué el jueves 6 de mayo y no hace 14 meses? Quién sabe… No pudo responder a nuestra pregunta el presidente Iglesias porque tomó la decisión de pasarle el muerto al consejero de Presidencia, Javier Velasco, para que afrontara el debate. 14 meses depués, Iglesias volvió a despreciar a la oposición y no se personó en el hemiciclo hasta que no concluyó nuestra intervención. Sobran los comentarios y nuestro compañero Adrián Tello fue testigo mudo de lo sucedido en el Pleno desde el público.
Partimos de la idea de que la mayoría de los cargos públicos son gente honrada, de que la actividad política debe basarse en el principio del servicio a la sociedad, y de que la democracia se fundamenta en la división de poderes. Estamos absolutamente de acuerdo con todo ello. Así que, ¿por qué se siente el Gobierno tan incómodo ante las preguntas que se le formulan?
Su discurso está siendo sumamente contradictorio. Se empeñan otra y otra vez en afirmar que no corresponde hablar de delitos urbanísticos sino de delitos económicos. Pero, ¿acaso los delitos imputados en el caso La Muela no tienen que ver con la actividad urbanística? Claro que sí.
Cuando le pregunté al presidente Iglesias el 22 de abril qué había hecho él y su Gobierno para luchar contra la corrupción, un año después de que se desvelara la trama del caso La Muela, me respondió lo siguiente: “Hemos cambiado toda la legislación que hace referencia al suelo, al urbanismo y a la ordenación del territorio”. ¿En qué quedamos? ¿Son cuestiones urbanísticas o no?
En realidad, el problema no son las leyes, sino las personas, la falta de ética y de honestidad. La misma ley sirve para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo justifica el Gobierno los cambios de criterio y la arbitrariedad en el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte ante proyectos desarrollados en La Muela? La Comisión Provincial de Ordenación Territorial dio el visto bueno a la 6ª fase de Centrovía… aunque seis meses antes la había rechazado. Ha cambiado su posición ante desarrollos residenciales desorbitados, pasando de una opinión negatica a una permisiva, sin que haya existido un cambio sustancial en las circunstancias, algo sobre lo que se han hecho eco los medios de comunicación.
¿Y cómo justifica el Gobierno los cambios de criterio en el Departamento de Medio Ambiente ante determinados proyectos desarrollados en La Muela? ¿No resolvió el INAGA que se sometieran a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Planes Parciales proyectos de urbanización del Plan General de Ordenación Urbana de La Muela, retractándose varios meses después?
En el año 2006, el Grupo Parlamentario CHA preguntó en unas cuantas ocasiones al consejero Alfredo Boné sobre depuración de aguas residuales, sobre el polígono industrial Centrovía y sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental, pero las respuestas fueron poco satisfactorias. Hubo hasta denuncias por ciertas actuaciones (o, mejor dicho, falta de actuaciones) de Medio Ambiente en La Muela… Y no pasó nada.
¿Es cierto que se han aprobado Planes parciales en La Muela como consecuencia de supuestas presiones políticas? Si es así, ¿no tienen nada que ver en todo ello el Gobierno de Aragón ni la Administración autonómica? Lo cierto es que desde que Mª Victoria Pinilla llegara a la alcaldía de La Muela en 1987, el Gobierno de Aragón ha autorizado la venta de gran parte del patrimonio del suelo municipal por valor de casi 38 millones de euros (6.300 Mll ptas). En total, 8 autorización del Gobierno de Aragón, 7 de las cuales se han producido con la coalición PSOE-PAR (con firma de Biel o con firma de Rogelio Silva).
Ha habido enajenaciones mediante permuta y parcelas que se han permutado dos veces, con valores muy diferentes en apenas un año de diferencia (unos 1.400 millones de pesetas más, en varios casos). ¿Tampoco tiene que ver nada el Gobierno con la autorización de ventas y permutas?
El Gobierno se escuda en que ha modificado la Ley urbanística, como si la ley anterior permitera el cohecho, el fraude contra la hacienda pública o el tráfico influencias, y no es así.
¿Podían haber hecho algo? Sí, rotundamente. Para empezar, podían y debían haber considerado la gravedad del caso desde el principio.
El Gobierno podía haber suspendido el Plan General de La Muela, como pretendía Javier Velasco cuando era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, por entender que se estaba impulsando desarrollos urbanísticos exagerados. Pero Biel no estaba de acuerdo, y se impuso su criterio, con la excusa de que no concurrían supuestos legales suficientes ni lo aconsejaban los servicios técnicos. ¿Podían o no? CHA cree que sí.
El Gobierno podía haber intentado disolver el Ayuntamiento de La Muela, como propusimos desde CHA, pero ni lo intentaron.
El Gobierno podía haberse personado en la causa, como hizo la Administración del Estado desde que tuvo conocimiento de que había personas imputadas por un posible delito de fraude fiscal. Y no lo ha hecho.
Han estado jugando al despiste, sin aclarar cuestiones, ocultando datos y eludiendo responsabilidades.
Por poner un ejemplo, el mismo día que El Periódico de Aragón recogía las declaraciones, el 24 de marzo de 2009 , de Iglesias y Alfonso Vicente (actual consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte) , afirmando que no pensaban tomar medidas inmediatas, el Subdirector Provincial de Urbanismo, Carlos Martín Rafecas, dejba de ser Director de la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial, clave fundamental en todo este asunto.
La supuesta “normalidad” a la que alude el Gobierno no es tal. Pinilla era miembro de esa Comisión, como alcaldesa del PAR. El Vicepresidente Biel va señalando por ahí que el PAR no tiene nada que ver con La Muela, pero Pinilla ha sido consejera comarcal por el PAR, nº 1 en las listas del PAR en La Muela, y ha formado parte de las listas autonómicas del PAR. El presidente de la Comisión Provincial es del PSOE, pero el consejero de Medio Ambiente es del PAR, el de Política Territorial, Justicia e Interior también, el Vicepresidente preside el PAR, hay imputados escoltas de consejeros del PAR…
Está claro que el problema no es la ley, sino la forma de gestionar un ayuntamiento que el propio Gobierno PSOE-PAR ha estado ensalzando durante años. Eso, y las actuaciones realizadas desde la Administración.
En resumen, el Gobierno PSOE-PAR no ha utilizado todos los instrumentos a su alcance para impedir y combatir la corrupción ni ha hecho cumplir la normativa vigente con rigor. ¿Por qué? Nos da la impresión de que el coladero pueden tenerlo en el propio Gobierno. Había mucho por responder el pasado 6 de mayo, pero casi todas las preguntas se quedaron pendientes, una vez más.
CHA VALDEJALÓN 