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DOSCIENTOS VECINOS Y VECINAS DE LA MUELA HICIERON “HISTORIA” HACE CINCO AÑOS…

Plataforma Vecinal de La Muela. Carlos Azagra 'El Jueves'

CARLOS AZAGRA, DIBUJANTE DE EL JUEVES

Mañana se cumplirán cinco años de la CONCENTRACIÓN que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2009 en el Edificio Pignatelli (Sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza), en la que 200 vecinas y vecinos de La Muela, convocados/as por la Plataforma Vecinal, salimos a la calle, a luchar contra la corrupción, para devolverle la dignidad a nuestro PUEBLO, siendo la única manera la DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ya que hasta la fecha, desde el 18 de marzo habián sido imputadas 36 personas, entre ellas, la Alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa (Recientemente excarcelada), y dos de sus Concejales,Juan Carlos Rodrigo Vela (También recientemente excarcelado) y Fernando Miguel Barba Marcén. Aclarar que tanto la Alcaldesa como los Concejales referenciados, eran cargos públicos bajo las siglas del Partido Aragonés (PAR).

Dos semanas después, el 29 de septiembre de 2009, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), rechazó la PNL (Proposición No de Ley) presentada por el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, sobre la solicitud de DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA. La mencionada PNL contó con los votos favorables aparte de los del Grupo Parlamentario de CHA, con los del Grupo Parlamentario Popular (PP) y de IU, pero la mayoría absoluta de PSOE-PAR y su voto en contra, tiro la propuesta…

Para quienes quieran tener un poco de «memoria histórica«, y conocer el «pasado» de nuestro PUEBLOya que para algunas formaciones políticas. la historia polítca de nuestra localidad empieza a partir de mayo de 2011, tras las elecciones municipales, e incluso para alguna otra, a partir de mayo de 2014, tras las elecciones europeas, a un año justo de las próximas Elecciones Municipales…-, aquí está la transcripción de la Intervención de Chesús Bernal en el debate y votación de la Proposición No de Ley (PNL) NÚM. 230/09, sobre la Solicitud de Disolución del Ayuntamiento de La Muela.

INTERVENCIÓN DE CHESÚS BERNAL BERNAL EN EL DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy».[Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

El PAR sigue haciendo de las suyas en el ayuntamiento de La Muela, porque, gracias a sus votos, se ha aprobado en el Pleno municipal del antes de ayer que una nueva concejala (del PAR) pase a tener dedicación exclusiva y cobrar un importe anual de 32.115 euros.

Nuestro portavoz en el ligallo, Adrián Tello, ha denunciado -¡y con razón!- esa decisión, que considera vergonzosa teniendo en cuenta que el ayuntamiento ha tenido que reducir servicios de autobús o anular el cine, única actividad cultural que existía en el municipio, debido a la gran crisis económica que atraviesa. Pero es que todo lo que sale del equipo de Mª Victoria Pinilla, la alcaldesa imputada por graves delitos de corrupción, es del mismo cariz…

Por si fuera poco, el Pleno del día 1 de diciembre también acordó que a partir de ahora sea Fernando Miguel Barba, imputado por la operación Molinos, quien sustituya a Ana Cristina Mateo en la presidencia de la sociedad municipal cultural y deportiva.

Aún me maravillo de que el ayuntamiento siga vivo, porque, por lo que nos cuenta Adrián, nadie conoce la realidad económica financiera del ayuntamiento y sus sociedades, ni se sabe si se ha pagado la deuda de 432.737 euros por un procedimiento de reintegro de subvenciones, derivado de financiar presuntamente el equipo de fútbol de La Muela con dinero de Instituto Aragonés del Agua.

Pero es que si a todo esto sumamos la deuda tributaria de 3,4 millones de euros que arrastraba…, y que tampoco sabemos si ha sido pagada o no, apaga y vámonos.

Hay otros ejemplos: las obras de ampliación de la residencia siguen paralizadas desde marzo de 2009, y en este momento hay que pagar 150 euros por reservar, para hacer charlas o cualquier otra actividad, espacios como el Auditorio de la Casa de Cultura, el Salón de Actos del Centro Deportivo o el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

A nadie se le escapa que todas estas cuestiones afectan negativamente a los vecinos y vecinas de La Muela, que ven cómo al frente de su ayuntamiento están personas imputadas por delitos de corrupción, a las que el futuro de La Muela les importa muy poco. Pero, ¿qué opina el Gobierno de Aragón de todo ello? ¿Y qué está haciendo el PAR?

¡Qué pena de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que estas personas no siguieran ocupando sus cargos públicos en tanto no se aclare exactamente la trama de La Muela! Aún sigo preguntándome cómo se atrevieron a votarla en contra en Aragón PSOE, PP y PAR!

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El portavoz de CHA en el Ligallo de La Muela, Adrián Tello, ha denunciado hoy la decisión tomada en el pleno, con los votos a favor del PAR y la abstención del PP, por la que una nueva concejala de este grupo municipal va a cobrar 32,115 euros por dedicación exclusiva. Tello sostiene que esta decisión es vergonzosa “teniendo en cuenta que el ayuntamiento, debido a la gran crisis económica que atraviesa ha tenido que reducir servicios de autobús o el cine, única actividad cultural que existía en el municipio”

Asimismo el portavoz de CHA considera deplorable otra decisión tomada hoy por la que Ana Cristina Mateo dimite de la presidencia de la sociedad municipal cultural y deportiva y ésta va a recaer ahora en Fernando Miguel Barba, imputado por la Operación Molinos

Tello explica que la situación en el ayuntamiento es insostenible, ya que nadie conoce la realidad económica financiera del ayuntamiento y sus sociedades, tampoco se sabe si se ha pagado la deuda de 432.737 euros por un procedimiento de reintegro de subvenciones, derivado de financiar presuntamente el equipo de fútbol de La Muela con dinero de Instituto Aragonés del Agua. “A esto hay que sumar la deuda tributaria de 3,4 millones de euros, que tampoco sabemos si ha sido pagada o no”.

El portavoz del ligallo de CHA en La Muela explica que a esto hay que sumar cuestiones tan negativas como la paralización de 48 VPOs en la Zona de la Cerdena, el cierre del cine, única actividad cultural que había en La Muela, y la reducción de servicios del autobús Expreso de La Muela. “Desde marzo de 2009 la obras de ampliación de la residencia siguen paralizadas y en este momento hay que pagar 150 euros por reservar, para hacer charlas o cualquier otra actividad, espacios como el Auditorio de la Casa de Cultura, el Salón de Actos del Centro Deportivo o el Salón de Plenos del Ayuntamiento”.

CHA ha indicado, por último, que “todas estas cuestiones afectan negativamente a los vecinos y vecinas de La Muela, que ven cómo al frente de su ayuntamiento están personas imputadas por delitos de corrupción, a las que el futuro de La Muela les importa muy poco”.

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Representantes de Chunta Aragonesista respaldarán mañana la concentración convocada por la Plataforma Vecinal de La Muela, cuyo principal objetivo es luchar contra la corrupción y devolverle a La Muela su dignidad. Entre los representantes de CHA que acudirán al acto cabe destacar la presencia de José Antonio Acero, Vicepresidente de DPZ y Portavoz del grupo provincial de CHA; Juan Campos Ara, Secretario de Organización de CHA; Marisa Fanlo, Vicesecretaria general de CHA, además de consejeros comarcales, alcaldes de municipios vecinos, militantes y simpatizantes

La primera iniciativa que puso en marcha esta plataforma fue iniciar una recogida de firmas abierta a toda la ciudadanía aragonesa para solicitar la dimisión de los 7 concejales del PAR del Ayuntamiento de La Muela, y la disolución de la Corporación Municipal, creándose una Junta Gestora que se haga cargo de la localidad hasta las próximas elecciones.

La concentración de mañana tendrá lugar a las siete de la tarde en la plaza don Vicente Tena, donde se ubica el Ayuntamiento, y en la misma se pedirá al Gobierno de Aragón que solicite al Consejo de Ministros la disolución del consistorio para así devolverle al pueblo de La Muela su dignidad.

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Descárgatelo en formato Power Point: CALANDARIO 2010 / CALENDARIO 2010

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Ayuntamiento de La MuelaAdrián Tello, secretario de CHA-Valdejalón, ha indicado que las decisiones tomadas hoy en pleno hacen urgente una respuesta por parte del Gobierno de Aragón, que no puede seguir haciendo la vista gorda.

El ligallo de CHA en La Muela ha calificado de “deplorable, hilarante y absolutamente irresponsable”, la decisión tomada hoy en pleno de delegar las competencias de Urbanismo en la persona del concejal Fernando Barba, imputado en un proceso judicial y acusado de posible corrupción.

Adrián Tello ha indicado que esta decisión denigra aún más a la clase política, que con actuaciones como ésta se burla de los ciudadanos. Tello ha señalado que ya es hora de que el “Gobierno de Aragón tome cartas en el asunto y se dirija al Consejo de Ministros para que proceda a disolver este ayuntamiento, en el que imputados en un posible caso de corrupción hacen y deshacen a su antojo”.

En ese mismo pleno también se ha procedido a restituir el sueldo a la Teniente de Alcaldesa, Ana Cristina Mateo, y se ha aprobado la prórroga de un crédito de 2.000.000 de euros para impagos. “La situación económica del ayuntamiento es de bancarrota, pero aquí hasta el último momento todos quieren chupar del bote”, ha destacado Tello.

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Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón

Vía CHA – Cortes de Aragón

El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

La jurisprudencia constitucional tiene declarado que el principio de autonomía local es compatible con la existencia de controles de la actividad de las Corporaciones Locales, especialmente en el supuesto en que pueda proceder la disolución de aquéllas por derivarse de su actuación un daño grave a los intereses generales que supongan un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales (Sentencias del Tribunal Constitucional 4/1981, 117/1984, 187/1988 o 192/2000).

El citado precepto de la ley básica estatal prevé, además, que acordada la disolución será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.

En este sentido, el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General dispone que, en los supuestos de disolución de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año. Añade que, mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una comisión gestora designada por la diputación provincial o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la corporación. Por último, previene que las funciones de Alcalde o Presidente serán ejercidas por aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la comisión.

Expuesto el anterior marco legal, es indudable que la instrucción del sumario penal seguido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos a la citada Corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por la misma ha sido gravemente dañosa para los intereses generales.

En primer lugar, por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados. En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales actuales imputados, lo que no sólo supone un escándalo político, sino que, además, provoca alarma social, el descrédito de la democracia municipal y genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. En tercer lugar, estas circunstancias provocan un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa, al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución de base o configuración democrática, siendo este sentimiento social generalizado y no circunscrito a los vecinos del Municipio, lo que revela el alcance o afectación al interés general.

Además de esta grave afección al interés general, el sumario ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de La Muela, por las irregularidades continuadas en la actuación urbanística desarrollada, ha incumplido sus obligaciones constitucionales, en especial las de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación, y la de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, que imponen a los poderes públicos los artículos 47 y 45 de la Constitución.

En esta grave situación, el Gobierno de Aragón, único legitimado para ello, debía haber solicitado ya al Consejo de Ministros la disolución de la Corporación Municipal de La Muela, de modo que se designara una comisión gestora para la administración ordinaria de sus asuntos y, en su caso, se procediera a convocar elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación.

Al no haberlo hecho el Gobierno de Aragón, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente proposición no de ley:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que solicite al Consejo de Ministros, de conformidad con lo previsto en el artículo 61.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la disolución de la Corporación Municipal de La Muela (Zaragoza).

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