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Entalto La Muela (1)

El Pleno del Ayuntamiento de La Muela, que ha tenido lugar en la tarde de hoy, a propuesta del Alcalde, Adrián Tello Gimeno (CHA), ha aprobado por UNANIMIDAD, reclamar a la concesionaria de la gestión del servicio público del agua, la cantidad de 36.370,72 €, como contraprestación de la parte de las obras no ejecutadas del traslado y acondicionamiento de la potabilizadora. Según el contrato que se firmó en octubre de 2013, el coste de las obras era de 572.564,38 €, y la certificación final de obra que se firmó en mayo de 2015, la valoración de las obras ejecutadas fue de 536.193,66 €. Esta diferencia es la que vamos a reclamar, ya que de otro modo, se estaría actuando en contra de los intereses generales del Ayuntamiento y del PUEBLO de La Muela. #EstápasandoenLaMuela

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El grupo municipal de CHA en Salillas de Jalón ha lamentado que el proceso para la elaboración del Plan Especial de las Cuevas -una normativa común para la zona de las cuevas, de forma que todo se lleve a cabo dentro de la legalidad y sin ningún tipo de favoritismo- se ha desarrollado sin propiciar la participación y con mucha premura, lo que ha impedido que muchos vecinos hayan podido ser informados con tiempo.

Pilar Masoli, portavoz de CHA, ha indicado que “tal y como ha manejado los plazos y la información el equipo de gobierno, las personas afectadas –muchas de las cuales viven en Zaragoza- no han tenido posibilidad de hacer alegaciones, ya que la única reunión que se convoca para informar sobre el tema y el proceso se hace el día 6 de noviembre por la tarde, cuando el día 9 era el último día hábil para presentar alegaciones”.

A este respecto el grupo municipal de CHA ha presentado diferentes alegaciones, ya que se ha dejado fuera del plan cuevas y bodegas que sí lo son y sin embargo hay una zona sin casas cuevas y sí con construcciones normales que ha entrado en el plan. Otra de las alegaciones está referida a que la peatonalidad de las calles no está especificada y una última relativa a que en el plan no se recogen las casas como están ahora.

Pilar Masoli ha señalado que “esta forma de actuar: improvisada, con falta de rigor y precipitada es la que habitualmente protagoniza este equipo de Gobierno”. Por último, la portavoz de CHA ha indicado que “es una lástima que una vez que se lleva a cabo un plan de estas características se haga con esta premura, lo que imposibilita que las personas que realmente son a las que les afecta este asunto se hayan quedado fuera”.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Por culpa de los escándalos de corrupción, y por culpa de la falta de contundencia de los partidos políticos implicados, la actividad política está sufriendo un grave desprestigio que debilita fundamentos primordiales de nuestro sistema democrático. Los partidos políticos somos diferentes, aunque todos acabamos dentro del mismo saco, por desgracia. Y hoy se ha demostrado en las Cortes que somos diferentes y que nos tomamos el tema de la corrupción de forma también diferente (por decir algo): PSOE, PP y PAR van por un lado… pero ese no es el camino de CHA.

Desde multitud de sectores sociales se está esperando que los partidos políticos aprovechemos cualquier resquicio en contra de la corrupción. Por ética. Pero el PSOE, el PP, y el PAR no están por la labor. Ya puede estar tranquila la alcaldesa de La Muela, desde luego… Y Camps, y Matas, y los implicados en la trama Gürtel, y Fabra, etc. etc. etc.

Hoy han votado en contra de la propuesta de CHA para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público. Los jueces deberían contar con instrumentos jurídicos suficientes para apartar de inmediato de la gestión pública a quienes cometen hechos presuntamente delictivos aprovechándose de sus empleos o cargos públicos. Y no los tienen.

Hoy por hoy, la ley permite la prisión provisional pero no permite que se aparte a estas personas de sus cargos. Conclusión: HAY QUE CAMBIAR LA LEY. Nuestra propuesta parlamentaria era muy clara: si estamos de acuerdo en combatir la corrupción, pongámonos de acuerdo también para modificar la ley. Cambiemos las reglas del juego.

Los grupos parlamentarios tenían que votar esta mañana si se tomaba en consideración la propuesta de CHA, y ni eso han querido PSOE, PP y PAR. Si hubiera salido adelante, se habría abierto el debate y cada grupo habría tenido la oportunidad de presentar enmiendas para mejorar el texto. Pero ninguno de estos partidos han querido abrir el debate ni entrar de lleno en el fondo de la cuestión. ¿POR QUÉ? Pues eso…

Cada vez que los medios de comunicación informan sobre los problemas y situaciones escandalosas que se viven en el ayuntamiento de La Muela, o da vez que nos trasladan declaraciones de su alcaldesa, Mª Victoria Pinilla, todo el mundo se lamenta, se indigna y se rasga las vestiduras en público. ¡Ja!

¿Qué piensan en el PSOE, en el PP y en el PAR cuando leen las declaraciones de la alcaldesa de La Muela afirmando que no tiene intención de dimitir y que no dejará su cargo salvo que un juzgado la inhabilite o que ella misma decida irse?

Si jueces y tribunales pueden privar provisionalmente de su libertad a las personas encausadas –el bien jurídico más preciado- (que implica privación provisional del ejercicio de su empleo o cargo público), es lógico que también puedan privarles del ejercicio de su empleo o cargo público para proteger el interés general. A mi modo de ver, le debería parecer lógico a cualquiera con dos dedos de frente y una mínima ética política. Pero los diputados y diputadas del PSOE, del PP y del PAR han coincidido con su voto en contra.

Las excusas no han podido ser más peregrinas: que si se vulnera la presunción de inocencia (opinión del PP, que preferiría prolongar la prisión preventiva… ¿vulnera la presunción de inocencia apartar a alguien de su puesto y no la vulnera meterno en la cárcel?…

… que si las Cortes no son el foro adecuado -dice el PSOE, que preferiría, al parecer, más participación institucional (¿estarán pensando en la ONU, tal vez?)-…

… que si ésta no es la fórmula adecuada –PAR dixit, que es cierto que tiene experiencia en militantes imputados por delitos de corrupción…-

… que si en realidad nuestro grupo no tenía intención de solucionar nada… etc. Una vergüenza, de verdad.

Un sinfín de excusas a cual más mala para no mojarse. ¿Qué hubieran perdido PSOE, PP y PAR votando a favor? ¿A quién habrían perjudicado? ¿Qué problema tienen el PSOE y el PP en que este tema acabe llegando al Congreso de los Diputados, que es la única institución que puede modificar la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal?

Desde el G.P.CHA intentamos hacer todo lo que tenemos en nuestra mano para devolver la dignidad pública a la actividad política. Unos cuantos ejemplos deleznables (por mucho que hayan sido ensalzados en el pasado dentro, incluso, de las Cortes, como ha sucedido con la alcaldesa de La Muela como alcaldesa del PAR) no deben empañar el gran trabajo realizado por la mayor parte de los cargos públicos.

Pero lo cierto es que cada vez que sacamos a relucir el tema de La Muela huele mal, pero hoy el hedor era insoportable en las Cortes de Aragón por culpa de la actitud cobarde de los grupos parlamentarios PSOE, PP y PAR. ¿Qué o a quién protegen unos y otros?

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PP, PSOE y PAR han votado hoy en contra de tomar en consideración la Proposición de Ley de CHA de reforma de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el Juez instructor pueda suspender provisionalmente de su cargo público a los imputados por delitos de corrupción. Sólo IU ha apoyado la propuesta.

La iniciativa legislativa, que de haberse aprobado se hubiera tramitado en Cortes y luego remitido a las Cortes Generales (las competentes para modificar una ley orgánica) ha quedado rechazada. En el último año, los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón, PSOE y PAR, ya han rechazado una declaración general contra la corrupción, la disolución del Ayuntamiento de La Muela o la personación del Gobierno de Aragón en esta causa. En este caso, además, se les ha unido el PP.

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha lamentado profundamente que ni PP ni PSOE ni PAR hayan querido actuar con gestos concretos contra la corrupción y en defensa de los intereses generales, como la sociedad está demandando y como necesita la propia actividad política para no seguir desprestigiándose. “No sé qué están ustedes protegiendo”, ha señalado Ibeas, “pero están haciendo uno flaquísimo favor al sistema democrático”.

El Partido Popular ha considerado la iniciativa de CHA “un brindis al sol” y ha acusado a CHA de no querer, en realidad “solucionar el problema” de la corrupción, diciendo incluso que lo que se pretendía era “recuperar la antigua ley de vagos y maleantes”. Para el PP, suspender provisionalmente el ejercicio del cargo público podría suponer la vulneración de la presunción de inocencia, aunque consideran que este principio no se vulnera si el juez envía provisionalmente a los imputados a la cárcel, una contradicción que Nieves Ibeas les ha echado en cara en su réplica.

Por su parte, los grupos que apoyan al Gobierno, se han escudado en “excusas malas, malas, malas”, como las ha calificado Ibeas. El portavoz del PAR ha afirmado que la propuesta respondía a criterios de “oportunidad” y que no se podía “legislar a la ligera”. Y el del PSOE ha considerado que las Cortes no es el foro adecuado para esta reforma legislativa porque es necesario “un foro más participativo” con representación de todas las instituciones. La presidenta de CHA ha mostrado su preocupación por este argumento del PSOE que quita toda legitimidad a las Cortes como institución representativa de la ciudadanía y cuestiona su capacidad legislativa para concluir, irónicamente: “si no le parecen suficientemente representantivas, si le parece buscamos también en otros planetas a extraterrestres para garantizar la participación planetaria”.

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Vía CHA en la Aljafería

Este es un artículo de opinión de la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, sobre las motivaciones y objetivos de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público presentada por el grupo parlamentario y cuya toma de consideración se debatirá mañana, 3 de junio, en el pleno de las Cortes:

Es un espectáculo bochornoso ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada? Ésta es la pregunta recurrente que todo el mundo nos hemos hecho durante este año.

Con la legislación vigente, Pinilla sólo dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si dimitiera, si prosperara una moción de censura o si se disolviera el Ayuntamiento de La Muela. Está claro que ella no piensa dimitir y que los concejales que la apoyan no le van a retirar su confianza. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo forman, PSOE y PAR, se niegan a iniciar los trámites para que el Gobierno central disuelva ese Ayuntamiento, como hizo en su día con el de Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse nada?

En Chunta Aragonesista creemos firmemente que las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si éstos resultan insuficientes, habrá que buscar nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley actual no permite a los jueces apartar inmediatamente de la gestión pública a un cargo imputado por corrupción, hay que cambiar la ley. Es así de sencillo.

Esto es precisamente lo que propondremos mañana al resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción. Si los jueces, mediante la prisión provisional, pueden privar de su libertad a una persona imputada, ¿por qué no van a poder apartarla de su cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general, cuando haya evidencias fundadas de que lo ha utilizado en provecho propio?

Por supuesto, los jueces sólo podrían acordar la suspensión provisional del ejercicio de un cargo público con las máximas garantías procesales y siempre que concurran tres requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza. En definitiva, proponemos los mismos requisitos y garantías procesales que la ley ya prevé para acordar la prisión provisional, sin que nadie plantee que esa privación preventiva de libertad vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Si conseguimos que una mayoría suficiente de diputados y diputadas de las Cortes de Aragón esté dispuesta mañana a tramitar nuestra iniciativa, se abrirá un plazo de enmiendas y debate y, entre todos los grupos parlamentarios, elaboraremos un texto definitivo que se remitirá al Congreso de los Diputados, único competente para aprobar cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo esencial, por tanto, es que todos los partidos coincidamos en la necesidad de que los jueces puedan apartar de forma inmediata de las instituciones a los corruptos. Si todos compartimos este principio, no hay duda de que llegaremos a un acuerdo.

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Pretendemos, en definitiva, que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

La política es una actividad digna y quienes nos dedicamos a ella no podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas nos pongan a todos bajo sospecha. No podemos rendirnos ante la corrupción. Actuemos.

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Es un espectáculo bochornoso ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada? Ésta es la pregunta recurrente que todo el mundo nos hemos hecho durante este año.

Con la legislación vigente, Pinilla sólo dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si dimitiera, si prosperara una moción de censura o si se disolviera el Ayuntamiento de La Muela. Está claro que ella no piensa dimitir y que los concejales que la apoyan no le van a retirar su confianza. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo forman, PSOE y PAR, se niegan a iniciar los trámites para que el Gobierno central disuelva ese Ayuntamiento, como hizo en su día con el de Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse nada?

En Chunta Aragonesista creemos firmemente que las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si éstos resultan insuficientes, habrá que buscar nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley actual no permite a los jueces apartar inmediatamente de la gestión pública a un cargo imputado por corrupción, hay que cambiar la ley. Es así de sencillo.

Esto es precisamente lo que proponemos al resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción. Si los jueces, mediante la prisión provisional, pueden privar de su libertad a una persona imputada, ¿por qué no van a poder apartarla de su cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general, cuando haya evidencias fundadas de que lo ha utilizado en provecho propio?

Por supuesto, los jueces sólo podrían acordar la suspensión provisional del ejercicio de un cargo público con las máximas garantías procesales y siempre que concurran tres requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza. En definitiva, proponemos los mismos requisitos y garantías procesales que la ley ya prevé para acordar la prisión provisional, sin que nadie plantee que esa privación preventiva de libertad vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Si conseguimos que una mayoría suficiente de diputados y diputadas de las Cortes de Aragón esté dispuesta a tramitar nuestra iniciativa, se abrirá un plazo de enmiendas y debate y, entre todos los grupos parlamentarios, elaboraremos un texto definitivo que se remitirá al Congreso de los Diputados, único competente para aprobar cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo esencial, por tanto, es que todos los partidos coincidamos en la necesidad de que los jueces puedan apartar de forma inmediata de las instituciones a los corruptos. Si todos compartimos este principio, no hay duda de que llegaremos a un acuerdo.

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Pretendemos, en definitiva, que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

La política es una actividad digna y quienes nos dedicamos a ella no podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas nos pongan a todos bajo sospecha. No podemos rendirnos ante la corrupción. Actuemos.

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