El Gobierno de Aragón se ha vuelto a lavar las manos con el tema La Muela. El Presidente del Gobierno de Aragón ha contestado que aunque a su Gobierno no le gusta que la alcaldesa, imputada de 13 delitos, siga en su puesto, no puede hacer nada por evitarlo: “en 30 años de democracia en España nadie se ha atrevido a mandar a su casa a alguien elegido por el pueblo”. Iglesias contestaba así a la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, quien le había preguntado por las acciones realizadas por su Gobierno contra la corrupción en Aragón en estos doce meses transcurridos desde que se destapó la Operación Molinos. “No hay sólo responsabilidades penales”, le ha dicho Ibeas, “están también las éticas y las políticas y este Gobierno se limita a mirar para otro lado”. Para la presidenta de CHA, es necesario actuar “para que no dé la impresión de que todo vale, la gente necesita recuperar la confianza en la política”.
Nieves Ibeas ha recordado que CHA ya propuso la única solución factible para evitar que Mª Victoria Pinilla y otros imputados siguieran en el Ayuntamiento, que es solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento. PSOE y PAR no quisieron apoyar en su día esta iniciativa, entre otras cosas, según Iglesias, porque la Comisión Jurídica Asesora (actual Consejo Consultivo de Aragón) había informado desfavorablemente al Gobierno de esa posibilidad.
En este punto el presidente Iglesias ha puntualizado, con la intención de destacar su carácter independiente, que los miembros de la Comisión no son nombrados por el Gobierno, aunque la realidad es la contraria: es precisamente el Gobierno quien nombra mediante Decreto a todos los miembros del Consejo (BOA del 2 de marzo 2010). Precisamente durante la tramitación, este último año, del Proyecto de Ley del Consejo Consultivo, CHA presentó enmiendas para cambiar esta situación y para que, como ocurre en la mayoría de Comunidades Autónomas, los miembros del Consejo fueran nombrados en su mayor parte por el Parlamento autonómico. PSOE, PP y PAR las rechazaron.
En el pleno de ayer, a preguntas de Bizén Fuster, también tuvo que referirse a La Muela el consejero responsable de Obras Públicas, Urbanismo y Trasnportes, Alfonso Vicente, para confirmar oficialmente que otro de los imputados, Carlos Martín Rafecas, “dejó de ser” director de la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el 24 de marzo de 2009, apenas unos días después de hacerse pública la Operación Molinos. “Nos parece muy significativo y relevante que el Gobierno no haya informado de este asunto, es un ejemplo más de la oscuridad en la que quieren sumir todas sus actuaciones relacionadas con La Muela”, ha señalado después el diputado de CHA. El consejero se había limitado a explicar que “al no ser un nombramiento oficial, sino una designación, no hacía falta publicarla en boletín, ni tampoco el cese”. “Lo que no ha explicado es por qué se decidió apartarlo de esa responsabilidad pero manteniéndolo como miembro de la Comisión y, además, como subdirector provincial de Urbanismo”, ha apuntado Fuster.
Respecto a la zona de seguridad del oleoducto militar Rota-Zaragoza acotada por el Ministerio de Defensa en La Muela, donde el hijo de la alcaldesa construye su casa (a pesar de que en 2008 Defensa ya multó al marido y a su otro hijo con 60.000 euros por ubicar allí sus viviendas en esa zona), Vicente se ha limitado a señalar que hay abierto un expediente informativo por parte de la autoridad militar y otro por su departamento y ha asegurado que con la nueva Ley de Urbanismo de Aragón “todo lo que ha pasado en La Muela no hubiera pasado”.
CHA VALDEJALÓN 
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