El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy». [Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

La Diputación de Zaragoza ha destinado en esta edición  un total de 865.00 euros para proyectos de Desarrollo y Solidaridad Internacional, lo que supone un 0,46% del presupuesto total de la institución, cuatro décimas más que en la edición anterior. El vicepresidente de la DPZ y responsable de Cooperación al Desarrollo, José Antonio Acero, ha señalado que “a pesar de la situación económica, hemos incrementado el presupuesto en proyectos de solidaridad, lo que pone de manifiesto el compromiso de DPZ”.

En esta edición se han subvencionado 64 proyectos, frente a los 53 del año pasado, y de los mismos, 56 están destinados a satisfacer necesidades básicas, lo que supone el 84% de la dotación presupuestaria. La mayoría son proyectos tan necesarios como la creación y mejora de infraestructuras sanitarias, educativas, centros de servicios sociales para niños y ancianos, construcción y mejora de viviendas, programas de formación, empleo, producción, cooperativismo y el desarrollo sostenible,  etc. También  se incluyen proyectos de desarrollo sostenible como el acceso a agua potable y saneamiento, o agricultura sostenible.

Para el resto de capítulos, dos proyectos subvencionados tienen como finalidad la ayuda humanitaria, con un 10%, y seis proyectos están destinados a la sensibilización y el comercio justo.

En cuanto a la distribución geográfica, el vicepresidente ha indicado que si bien Latinoamérica es el país con más proyectos, un total de 34, en esta edición ha habido un incremento de los proyectos que se han desarrollado en África, que han pasado de 13 a 16. El resto de los proyectos se desarrollan en países como Palestina, India o Pakistán y también en campañas de sensibilización en pueblos  de la provincia de Zaragoza.

Los criterios que se utilizan a la hora de puntuar a los diferentes proyectos son las prioridades geográficas y sectoriales, prioridades que están consensuadas con la Federación Aragonesa de Solidaridad, según los objetivos del Milenio.

Asimismo, dentro del presupuesto global se incluyen dos programas, uno de ayuda humanitaria de emergencia y un segundo denominado “Plataforma logística depuración agua”, que, junto a Cruz Roja y otras administraciones, quiere llevar depuradoras y potabilizadoras a aquellos lugares que se vean afectados por diferentes desastres.

Muchos de estos proyectos tienen un desarrollo en el tiempo, lo que supone que la institución provincial los viene respaldando en sus diferentes fases. Asimismo, Acero ha resaltado la importancia de los proyectos de sensibilización, ya que “la solidaridad no puede ser sólo una expresión de las administraciones públicas, sino que tiene que ser un compromiso de cada uno de nosotros”.

Adrián Tello, secretario de CHA-Valdejalón, ha indicado que las decisiones tomadas hoy en pleno hacen urgente una respuesta por parte del Gobierno de Aragón, que no puede seguir haciendo la vista gorda.

El ligallo de CHA en La Muela ha calificado de “deplorable, hilarante y absolutamente irresponsable”, la decisión tomada hoy en pleno de delegar las competencias de Urbanismo en la persona del concejal Fernando Barba, imputado en un proceso judicial y acusado de posible corrupción.

Adrián Tello ha indicado que esta decisión denigra aún más a la clase política, que con actuaciones como ésta se burla de los ciudadanos. Tello ha señalado que ya es hora de que el “Gobierno de Aragón tome cartas en el asunto y se dirija al Consejo de Ministros para que proceda a disolver este ayuntamiento, en el que imputados en un posible caso de corrupción hacen y deshacen a su antojo”.

En ese mismo pleno también se ha procedido a restituir el sueldo a la Teniente de Alcaldesa, Ana Cristina Mateo, y se ha aprobado la prórroga de un crédito de 2.000.000 de euros para impagos. “La situación económica del ayuntamiento es de bancarrota, pero aquí hasta el último momento todos quieren chupar del bote”, ha destacado Tello.

Las obras mejoran la deteriorada red de saneamiento.

Las obras en la calle Mayor de Bardallur comenzaron el pasado 25 de septiembre y tenían previsto una duración cercana a los 20 días, según explicaba el alcalde de la localidad, José Miguel Domínguez. “El siguiente tramo comenzará a ejecutarse en breve tiempo”, ha asegurado el munícipe, quien recuerda que de esa parte es responsable el Instituto Aragonés del Agua.

Desde el Consistorio de Bardallur explican que la actuación en la calle Mayor, en la que se pretende cambiar las redes de abastecimiento y saneamiento como se ha hecho en otras vías de la localidad, “ha sido todo un acierto, porque al levantar el vertido viejo se ha visto que estaba todo picado por debajo, en muy malas condiciones para haber aguantado mucho tiempo más”.

CHA quiere mostrar su solidaridad y apoyo con las personas participantes en la Marcha por la Igualdad que hoy llegan a Madrid. Para CHA, esta iniciativa ha logrado sensibilizar a la sociedad y es preciso que ahora sea el Congreso el que escuche las reivindicaciones y pare la propuesta del Gobierno de España para modificar la actual Ley de Extranjería.

“La intención de introducir en la Ley de Extranjería aspectos de la llamada “Directiva europea de la Vergüenza” es una barbaridad que no puede ser consentida” – explica José Manuel Latorre, Secretario de Política Social de CHA – “hemos colaborado con la Marcha a su paso por las comarcas de Ribera Baja, área metropolitana de Zaragoza, Valdejalón y Comunidad de Calatayud y queremos mandar también nuestro respaldo a los compañeros ahora que están en Madrid para que sus reivindicaciones sean escuchadas en el Congreso”.

José Manuel Latorre defiende que “no podemos callar ante propuestas como la creación de un centro de internamiento en PLAZA (Zaragoza) o ante la intención de recortar los Derechos humanos de las personas en función del lugar en el que hayan nacido”.

CHA ha mantenido hoy viernes, 23 de octubre de 2009, un encuentro con representantes del Pueblo saharaui para conocer la situación de recrudecimiento de la represión a la que se ven sometidos y las últimas noticias sobre la detención de siete activistas saharauis defensores de los Derechos Humanos.

Nieves Ibeas ha destacado que “CHA siempre ha defendido el derecho del pueblo saharui a decidir libremente su futuro y ha condenado la represión que sufre a manos de Marruecos que ocupa ilegalmente su territorio. La situación se ha agravado con la detención injustificada de siete activistas saharaui que Marruecos pretende juzgar ante un tribunal militar y que podrían ser condenados a pena de muerte”.

Y ha añadido que “el Delegado del Frente Polisario ha solicitado a CHA su apoyo en la lucha por la defensa de los derechos del pueblo saharaui”.

En la cita han estado presentes la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, y el Delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Hamudi Sidina. También han estado el Delegado saharaui para Aragón, Cheybani Abbas, el Secretario de Um Draiga, Rafel Antorrena Pardo y Enrique Gómez, Vicepresidente de Um Draiga-Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón. Por parte de CHA estará también el Vicesecretario General de CHA, José Luis Soro; el Secretario de Organización, Juan Campos; el Diputado de CHA, Bizén Fuster y el coordinador del Rolde de Solidaridad, Antonio García.

Visita a la DPZ

José Antonio Acero, vicepresidente de DPZ, también se ha reunido en la mañana de hoy con los representantes del pueblo saharaui para analizar la situación de represión que se está viviendo en el Sahara ocupado por Marruecos.

En este sentido Acero ha mostrado su apoyo y solidaridad, recordando que Diputación, desde Cooperación al Desarrollo, viene colaborando de forma activa con Um Draiga en proyectos de ayuda a los territorios ocupados.

Ante la situación de crisis y las graves dificultades por las que están pasando los ayuntamientos, debida entre otras razones a la disminución en la participación de los tributos del estado, así como por la merma en los ingresos obtenidos de la actividad urbanística, el Grupo Provincial de CHA presentó una moción la semana pasada, que se debatirá en el próximo pleno, y en la que se plantean propuestas que buscan colaborar en la financiación local.

Entre las medidas CHA va a solicitar a la Diputación de Zaragoza que subvencione a los Ayuntamientos, en un porcentaje del 100%, en todos los planes de inversión en los que, legalmente, sea posible. Asimismo quiere que el pleno provincial inste al Gobierno del Estado para que inicie un debate sobre la financiación de los ayuntamientos, competencia del propio Estado, para que garantice que los tributos no sean inferiores a los 365 euros por habitante y año.

Por último CHA también ha pedido que DPZ inste al Gobierno de Aragón, para que elabore un plan de inversión extraordinario para las comarcas, que ayude a combatir la crisis y que sería un reflejo del Fondo Estatal de Inversión Local.

José Antonio Acero, Portavoz del Grupo Provincial de CHA, ha indicado que “estas son propuestas que CHA viene defendiendo y espera que el partido socialista las respalde, sobre todo tras conocer las declaraciones efectuadas estas misma semana por Javier Lambán”.

Acero considera que estas propuestas de CHA, de contar con el apoyo del resto de los grupos políticos en el próximo pleno, mejorarán mucho la situación económica de los ayuntamientos, ya que la iniciativa de subvencionar en un 100% desde DPZ todos los planes que sean posibles y la de percibir una cantidad no inferior a 365 euros por habitante y año “son medidas reales que permitirán a los ayuntamientos mantener y mejorar en la medida de lo posible los actuales servicios públicos”.

Por último Acero ha indicado que si bien estas medidas buscan paliar la crisis, ha recordado que “la financiación local es competencia del Estado y es preciso que ese debate se lleve a cabo cuanto antes”.

CHA ha presentado esta mañana una solicitud al Justicia de Aragón para que estudie el caso de La Muela y determine si concurren los requisitos exigibles para que el Gobierno de Aragón pida al Gobierno Central la disolución del Ayuntamiento.

La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado que “también reclamamos al Justicia que, tras los cambios producidos en el sumario de La Muela, se dirija al Gobierno de Aragón recomendándole que solicite a la Comisión Jurídica Asesora un nuevo informe relativo a la posibilidad de disolver el ayuntamiento”.

Por su parte, el coordinador de CHA-La Muela, Pedro Bartolomé, ha señalado que “los vecinos/as sufrimos las consecuencias de la falta de gestión. Estamos ante un ayuntamiento inactivo que pierde subvenciones, deja de prestar servicios y se colapsa toda la actividad municipal. Se trata de una situación insostenible”.