CHA celebró el pasado lunes la primera reunión del Consello Nazional como inicio del curso político. Tal y como explica la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, “a la preocupante situación económica que atraviesa Aragón, se le suma el mayor problema que se puede tener, un gobierno autonómico apático, gastado, sin liderazgo, sin idea y sin solvencia para afrontar esta crisis que, además, deberá asumir también la post Expo”.
Para Nieves Ibeas “durante el verano se han refugiado en el escaparate de la Expo pero ahora, con el inicio del curso político, no podemos permitir que tras este paraguas continúen olvidando temas tan importantes como son la mejora en las infraestructuras de comunicaciones, casos como la liberación de los peajes de la N-II y la N-232, la mejora del ferrocarril vertebrador del territorio… o que se puedan afrontar con garantías de calidad, es decir, con la financiación necesaria, las nuevas competencias” y añade “desde CHA vemos con mucha preocupación los recortes anunciados en el presupuesto para la Comunidad autónoma para 2009. Somos conscientes de que con un Gobierno PSOE-PAR como el actual, tan gastado y carente de rasmia, difícilmente se conseguirán soluciones que garanticen la puesta en marcha de una educación, una atención sanitaria y unos servicios sociales públicos de calidad para toda la ciudadanía, ahora que está realmente en riesgo hasta la aplicación de la Ley de Dependencia”.
El Consello Nazional de CHA valoró asimismo como muy negativa su ausencia en el Congreso de los Diputados, por cuanto entiende que ahora no hay ningún representante de los intereses aragoneses en Madrid. Según explica Nieves Ibeas, “durante ocho años hemos luchado, año tras año llegar a acuerdos que aumentaran el montante destinado a Aragón, introduciendo enmiendas a los Presupuestos para incluir partidas destinadas al progreso de esta tierra. ¿Quién velará ahora por los intereses de las y los aragoneses? Desde luego, tal y como ha quedado perfectamente demostrado en cuestiones como el Decreto que posibilitaba el trasvase del Ebro a Barcelona, los diputados de los partidos estatales, no.”
Precisamente, una de las cuestiones en las que más se tiene que oír la voz en Madrid en opinión de CHA es en la defensa de la financiación municipal. CHA quiere poner en marcha una campaña con el objetivo de “agitar la Moncloa” en este sentido para que se escuchen las demandas de los ayuntamientos aragoneses. El Vicesecretario General de CHA, Gregorio Briz, ha explicado que “CHA pondrá en marcha una campaña de presentación de mociones en ayuntamientos, comarcas y diputaciones para reclamar desde Aragón un modelo de financiación que garantice la prestación de servicios”. Para Briz, no es comprensible ni coherente un tipo de política que consista “en vender de forma populista un “regalo” de 400 euros a los contribuyentes y luego se pretende ahorrar restringiendo el dinero que reciben los ayuntamientos para los servicios públicos, sabiendo que en muchos casos no cuentan con la suficiencia mínima en el momento actual.” Por ello mismo, Briz ha insistido en que “no hay justificación posible para el recorte de la financiación destinada a las instituciones más cercanas y vinculadas a la ciudadanía que pretenden llevar a cabo, y mucho menos en Aragón, con las características poblacionales y territoriales que tenemos”.
TEXTO DE LA MOCIÓN que presentará CHA:
Después de varios meses de negar la evidente crisis económica en la que estamos inmersos, el Gobierno central ha anunciado que una de las medidas que prevé para hacer frente a dicha crisis va a consistir en el recorte de las transferencias económicas a los Ayuntamientos. Esto supone una actuación de graves consecuencias para todos los municipios españoles, independientemente del color político de sus dirigentes, habida cuenta que buena parte de los servicios y obras que se ejecutan o se prestan desde las Administraciones locales se realizan con cargo a dichos ingresos.
Desde hace ya varias décadas seguía pendiente en España el análisis de los servicios reales que prestan los Ayuntamientos, así como el coste efectivo de los mismos y el origen de las competencias para ejercerlos. Cuando por fin desde la FEMP se hace una valoración somera de lo que el Gobierno español debería transferir a los Ayuntamientos para alcanzar el equilibrio entre los servicios prestados y las transferencias recibidas, cifra que alcanza los 7.000 millones de euros, y cuando por fin se había planteado establecer una mesa de negociación, desde el ejecutivo de Zapatero de ha echado un jarro de agua fría a estas expectativas locales.
En la actualidad, y junto con el Impuesto de Bienes Inmuebles y las tasas y precios por prestación de servicios públicos o realización de actividades, las transferencias de la Administración General suponen la mayor fuente de ingresos de los Ayuntamientos.
Y, a su vez, la producción de bienes de carácter social o la prestación de servicios sociales supone la partida más abultada de todos los gastos municipales en su conjunto, de lo que se deduce que cualquier recorte en las transferencias de la Administración General del Estado, unido a la disminución de ingresos municipales derivada de la crisis de la construcción, va a suponer bien un aumento de los impuestos locales, bien un recorte en las prestaciones que los ayuntamientos realizan en estos momentos.
Con el fin de no trasladar a los Ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones Provinciales y por tanto a sus ciudadanos, una mayor presión fiscal que la que en estos momentos soportan, y seguir prestando en los Ayuntamientos los servicios sociales que en estos momentos se realizan, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente moción:
1. El Ayuntamiento / La Comarca / La Diputación Provincial de ………………. acuerda trasladar al Gobierno central su más rotundo rechazo a la política económica de recortes que está planteando en las transferencias económicas a la Administración Local.
2. El Ayuntamiento / La Comarca / La Diputación Provincial de ………………. acuerda instar al Gobierno central a fin de que proceda a aprobar un nuevo modelo de financiación que garantice la suficiencia financiera de los entes locales.
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